Fiscal desestimó las amenazas de muerte que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones recibió del líder de Los Combatientes

A pesar de que hay suficiente material que evidencia que Jorge Luis Salas Arenas, titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), fue amenazado de muerte por el grupo extremista ‘Los Combatientes’, facción radical de la Resistencia, en el Ministerio Público parece que no toman la debida importancia a este asunto.

Un informe de logística del JNE detalla la actuación irregular de la fiscal encargada de constatar las agresiones verbales que Salas Arenas recibió en la sede de la institución electoral en el Cercado de Lima. Se trata de Esther Saldaña Lázaro, de la Cuarta Fiscalía Provincial del Delito, quien habría minimizado las expresiones del dirigente extremista Roger Ayachi.

“No vamos a retroceder, nuestra consigna es enviarle a la cárcel a este prevaricador, a este fraudulento o la muerte”, había dicho Ayachi contra Salas Arenas. Sin embargo, a juicio de la fiscal Saldaña, esto no habría sido grave. Incluso, consideró que no había suficientes elementos para levantar un acta de la situación que hubo en el frontis del JNE hace unos días.

“Eso no es agresión, los manifestantes siempre dicen esas cosas; además, si yo me acerco, los manifestantes se acercarán a mi persona, y yo seré la abogada de los manifestantes, seré la defensora de ellos, y al final terminaré pidiéndoles a ustedes informes de los reclamos de los manifestantes. No puedo exponerme y acudiré cuando acabe con el jirón Cuzco”, dijo la fiscal Saldaña de acuerdo al documento obtenido por el diario La República.

Además, la integrante del Ministerio Público justificó la manifestación de Los Combatientes contra el magistrado Salas Arenas.

“No puedo levantar acta ni constatar porque no hay alteración de violencia, además, la Constitución dice que los protestantes tienen derecho a protestar y decir lo que ellos convengan, yo tengo 20 años en la Fiscalía y eso siempre ha pasado. Como fiscal, no puedo hacer el acta constatando frases o palabras de los manifestantes, yo solo levanto si hay violencia”, dijo.

Otro indicio de la actuación irregular de la fiscal Esther Saldaña es que estuvo menos de una hora cuando los manifestantes quisieron ingresar a la fuerza a la sede del JNE para atentar contra la vida de Jorge Luis Salas Arenas.

A raíz de este episodio, el director de Gestión Institucional del JNE, Daniel García, le ha solicitado a la cuestionada fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que investigue a estos grupos extremistas afines al fujimorismo y la ultraderecha peruana que se dedican a acosar a periodistas, políticos y autoridades con total impunidad.

Sin embargo, su invocación podría no tener eco.

En entrevista con Canal N, el magistrado Salas Arenas detalló que al menos 11 acusaciones que presentó por el delito de acoso han sido enviadas al archivo en el Ministerio Público.

“Hay 11 por lo menos denuncias de acosamientos de esta naturaleza que han sido archivadas por la Fiscalía, del año pasado y este año. Ella (Patricia Benavides) no ha llegado a conocer las causas, según tengo entendido”, comentó.

Aseguró que cuenta con seguridad, pero que tomará más precauciones porque los integrantes de “La Resistencia” y “Los Combatientes” representan intereses de las entidades estatales que buscan removerlo de su cargo. Los calificó como “brazo paramilitar de otros sectores”.

Roger Ayachi Soria, autodenominado líder de ‘Los Combatientes’, es exprofesor de secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local 2 (UGEL), en el distrito de El Rímac. Pese a que en varias ocasiones ha indicado que no tiene vínculos con el partido político Fuerza Popular, ha acudido a varios eventos proselitistas en apoyo a Keiko Fujimori y su padre, desde antes de la primera vuelta electoral.

Ha participado en marchas contra la izquierda, quemando banderas rojas y expresándose violentamente, como la vez en la que indicó que su grupo saldrá a la calle a ‘pechar’ a los comunistas y “golpearlos, porque eso es lo que quieren”.

Entre sus correligionarios, los cuales lo acompañan en las manifestaciones y actos de incitación a la violencia, también se encuentran José Luis García Ganoza y Stefano Ferrigno Pisetsky, simpatizantes de Renovación Popular.

Cabe mencionar que, según el artículo 151-A del Código Penal, las acciones de acoso e instigación a cometer un delito se sancionan hasta con cuatro años de cárcel. La norma castiga a quien “vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana”.