Betssy Chávez: Procuradoría General del Estado pide al Poder Judicial que anule venta de departamento de exministra

La Procuradoría General del Estado solicitó al Poder Judicial que se disponga la anulación de la venta realizada por la hoy encarcelada excongresista Betssy Chávez de su departamento en la ciudad de Tacna en mayo pasado.

La solicitud busca que el predio sea parte del cobro de la reparación civil que la también expremier debe abonar al Estado por estar investigada por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en el caso del fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre del año pasado.

“Solicitamos que se inste al representante del Ministerio Público, la formación del cuaderno de nulidad de transferencia”, indica un oficio enviado por el procurador Daniel Soria al despacho del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, que el diario La República cita.

La venta del departamento por parte de Chávez fue un elemento adicional que la Fiscalía adjuntó para la apelación presentada ante la Corte Suprema del Poder Judicial (PJ). Consideraron que esta acción de la política era un indicio de riesgo de fuga porque también mintió sobre el estado de sus padres y su situación laboral.

“La defensa de la investigada, con el propósito de acreditar arraigos, presentó 65 anexos conteniendo elementos de convicción de los que no se les corrió traslado oportunamente al representante del Ministerio Público y con los que se habría sorprendido al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, constituyendo hechos falsos e inciertos”, indicó Sylvia Shack, fiscal suprema durante la sesión en el Poder Judicial.

“Es preciso señalar que los documentos presentados por la investigada presentan imprecisiones, así como también muchos de ellos han sido elaborados luego de ser notificado el requerimiento de prisión preventiva en su contra, por lo que válidamente permite advertir que se trataría de trámites o documentos elaborados con la finalidad de desvirtuar la tesis del Ministerio Público”, sostuvo.

Como es público, el magistrado César San Martín accedió a lo planteado por el Ministerio Público, revocó la orden de comparecencia con restricciones y dispuso la detención por 18 meses de Chávez Chino, quien fue traída desde Tacna a Lima.

Inicialmente, la exsocia política del expresidente Castillo fue recluida en el penal Ancón I. Sin embargo, luego se la llevaron al penal Anexo Mujeres Chorrillos. En este establecimiento penitenciario, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, a la exprimera dama Nadine Heredia y a la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, cumplieron prisión preventiva.

El abogado de la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Erwin Siccha, anunció que presentará al Tribunal Constitucional (TC) un recurso de hábeas corpus para anular los 18 meses de prisión preventiva.

Días atrás se conoció que la Fiscalía solicitó que se le levante el secreto de las comunicaciones a Betssy Chávez, así como a los exministros Willy Huertas (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo), implicados en el fallido autogolpe de Castillo.

La medida, requerida por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, salpica a otros diez administrativos que habrían participado o presenciado actividades previas y posteriores a la emisión del mensaje a la Nación del 7 de diciembre pasado, según el documento difundido por El Comercio.

El requerimiento, que abarca los registros de tres compañías (Movistar, América Móvil SAC- Claro y Entel Perú) comprendidos entre 2 al 16 de diciembre del 2022.