Zoraida Ávalos acudirá a la CIDH para buscar justicia y levantar suspensión del Congreso

Zoraida Ávalos no podrá ejercer su función como fiscal suprema ni cobrar un salario. La decisión del Congreso que la inhabilitó de la función pública por cinco años la ha perjudicado a tal punto que diversas instancias a nivel nacional han rechazado los recursos presentados por su defensa legal. Por ello, sus abogados plantean acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La situación de la exfiscal de la Nación parece complicarse cada vez más. Pese a que ha presentado una demanda de amparo y una medida cautelar, ambos recursos han sido rechazados. La extitular del Ministerio Público se encuentra a la espera de un pronunciamiento del Poder Judial, pero hasta ahora este no ha respondido por la situación de Ávalos.

De acuerdo al diario La República, luego de haber ahotado la vía nacional, la funcionaria llevará su caso ante la CIDH para buscar protección y garantías a nivel internacional, ya que, hasta el momento, no lo ha recibido de parte de las autoridades peruanas.

Cabe recordar que antes este organismo se ha pronunciado en contra de la denuncia constitucional contra Zoraida Ávalos y ha expresado su preocupación por el accionar del Parlamento peruano.

“La CIDH recuerda que, conforme a estándares interamericanos, las garantías para salvaguardar la independencia judicial no sólo cobijan a jueces, sino también a fiscales. Los Estados les deben dotar de estabilidad en sus cargos como una consecuencia del rol fundamental que desempeñan en el acceso a la justicia. En tal sentido, es preciso que tanto jueces como fiscales cuenten con un adecuado proceso de nombramiento, protección contra presiones externas e inamovilidad en el cargo”, detalló en un comunicado.

“Preocupa a la CIDH la ambigüedad de dicha figura puesto que ni la ley ni la Constitución precisan las conductas punibles y sus correspondientes consecuencias. En reiteradas oportunidades, ha llamado a delimitarla para asegurar objetividad e imparcialidad, respetando el principio de legalidad y asegurando la separación y el equilibrio de los poderes”, añadió.

La decisión del Congreso de inhabilitar a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha generado preocupación en la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem). Ante este hecho, se dirigieron a la Sala Plena de la Corte Suprema y solicitaron medidas para salvaguardar la independencia judicial.

“Invocamos a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, que se realizará el miércoles próximo, que asuma una posición de defensa de la independencia funcional. De ser el caso, haciendo uso de sus facultades, emita en su oportunidad, una sentencia plenaria que, desvincule al juez, respecto de la decisión del Congreso, con base a la interpretación de normas e independencia judicial, pues en momentos donde el Estado Constitucional de Derecho se ha visto afectado, urge que el máximo ente de la administración de justicia del país cautele y defienda el equilibrio de poderes”, escribió.

La asociación consideró “inaceptable” la sanción impuesta por el Parlamento a Ávalos Rivera. Desde su perspectiva, esta acción representa una amenaza a la independencia y autonomía de los fiscales, así como a la interpretación objetiva de la ley.

Por su parte, la Asociación Nacional de Juezas del Perú mostró su apoyo a la exfiscal de la Nación y pidió a las autoridades peruanas que garanticen la independencia judicial, tanto a los integrantes del Poder Judicial como del Ministerio Público.

“(Juezas Perú) expresa su profunda preocupación ante la publicación de la Resolución Legislativa del Congreso N° 024-2022-2023-CR de fecha 22 de junio del presente año, en la cual inhabilita por cinco años para el ejercicio de la función pública a la señora Zoraida Ávalos Rivera en su condición de exfiscal de la Nación [...] de cuyo texto no se advierte la motivación que debe tener, en respuesta al descargo realizado por dicha funcionaria, ni la justificación de su decisión, como sujección a las garantías constitucionales que el Estado está en la obligación de proteger”, expresaron en un comunicado.

La Sala Plena de la Corte Suprema tenía la posibilidad de pronunciarse ante la inhabilitación de Zoraida Ávalos, pero acordaron no hacerlo. Mediante un comunicado de Twitter señalaron que ello “podría judicializarse con el riesgo de adelanto de opinión en materia constitucional y penal”.

La funcionaria fue inhabilitada con 71 votos a favor, 15 en contra y ocho abstenciones por una presunta infracción a la Constitución Política de Perú en su artículo 159, inciso 4.