Pedro Castillo: PJ admite a trámite hábeas corpus que pide anular vacancia y prisión preventiva contra expresidente

Luego de que subsanara las observaciones a su primera solicitud, el Poder Judicial (PJ) admitió a trámite el recurso de hábeas corpus presentado por Irma Castillo, hermana de Pedro Castillo, en favor del exmandatario, quien se encuentra recluido en el penal Barbadillo.

En su petitorio, la pariente del exjefe de Estado solicita que se declare la nulidad de tres resoluciones, las cuales declararon su vacancia y los 18 y 36 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de rebelión, crimen organizado, colusión y tráfico de influencias.

Cabe mencionar que este trámite se suma a uno interpuesto por la ciudadana Lilian Linares Araujo, quien también busca la liberación del exmandatario. No obstante, ella argumentó que las indagaciones no proceden porque la elección de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría sido viciada.

Según el texto que presentó, los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) fueron elegidos “en flagrante fraude procesal” porque el concurso organizado por la Comisión Especial “(no ha) concluido hasta la fecha”, por lo que no tienen la legitimidad para designar.

“Consecuentemente, su elección como miembros a la JNJ es nula, siendo también nulos los concursos de magistrados convocados por la Junta Nacional de Justicia, donde se declaró como una de las ganadoras a Patricia Benavides, como fiscal supremo, quien su vez fue designada como la actual fiscal de la Nación”, señala el documento.

Otra de las personas que no acepta la vacancia del exmandatario es él mismo. Durante la evaluación del pedido de tutela de derechos, planteada por su abogado Wilfredo Robles, el recluso aseguró ser un preso político y estar privado de su libertad arbitrariamente.

Asimismo, aprovechó en acusar nuevamente al Congreso de la República de haberlo vacado de forma “exprés”. “No han concebido ni asimilado la derrota que han tenido en un proceso abierto y democrático en las últimas elecciones generales. Desde el primer día que asumí el mandato se convirtió en un ente obstruccionista”, aseveró.

Frente a ello, el juez Juan Carlos Checkley Soria le recordó que no es un preso político y que tampoco está privado de su libertad injustamente, pues la prisión preventiva fue una “medida dictada por su juzgado y confirmada por una sala de la Corte Suprema”.

A su turno, la representante del Ministerio Público indicó que las acciones realizadas no han vulnerado los derechos de defensa y que las investigaciones obedecen a un hecho concreto, que fue su fallido golpe de Estado, dado el 7 de diciembre de 2022, donde anunció el cierre del Parlamento y la intervención de la Fiscalía, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo.