El exfiscal supremo Tomás Gálvez, destituido en 2021 por el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ ―un escándalo de corrupción en la Judicatura—, apareció este miércoles como abogado del prófugo Alejandro Sánchez, dueño de la casa donde el expresidente Pedro Castillo sostuvo reuniones extraoficiales para acordar supuestos ilícitos.
El letrado participó en una audiencia virtual sobre la apelación contra la incautación de la vivienda del jirón Sarratea, en Breña, como parte del proceso que enfrenta su patrocinado, implicado en el ‘Gabinete en la sombra’ y la red criminal que lideraría el exmandatario.
A la fecha, el propietario de la vivienda de Sarratea enfrenta una orden de 30 meses de prisión preventiva e integra la lista de los más buscados del Ministerio del Interior, que ofrece 30 mil soles por información que ayude a su captura. Por este caso, otros tres exasesores y excolaboradores del exgobernante —Salatiel Marrufo, Biberto Castillo y Abel Cabrera— cumplen prisión preliminar.
Según el Ministerio Público, los imputados conformaron un ‘Gabinete en la sombra’ como parte de una presunta organización criminal creada en el Ejecutivo para “obtener ganancias ilícitas” con la concesión irregular de obras por el Ministerio de Vivienda. El magistrado a cargo del caso, Ismael Martínez, señaló que podrían recibir condenas de 19 a 34 años de prisión.
El letrado reapareció dos años después de ser suspendido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en abril del 2021, cuando el pleno lo halló culpable de cuatro cargos vinculados con la vulneración de la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial.
El exfiscal supremo fue cuestionado entonces por interferir en la función de la Sala Suprema, presidida por César Hinostroza, fugitivo y acusado de liderar el grupo criminal que se infiltró en el sistema judicial.
Gálvez, además, registra un hilo telefónico con este exjuez de mayor entidad en ‘Los Cuellos Blancos’, la amplia red de tráfico de influencias, favores y prevaricación en la que también participaban políticos y empresarios.
El escándalo salió a la luz por una serie de grabaciones donde se le escucha negociar prebendas y favores. El caso provocó la destitución por completo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y de gran parte de los jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao.
El año pasado, la Fiscalía expuso ante el Poder Judicial el eventual apoyo en el Congreso que “planificó” el partido Fuerza Popular (FP), que lidera Keiko Fujimori, para defenderlo de las acusaciones presentadas en su contra.
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