Ministerio de Justicia oficializa creación de grupo que proponerá reformas para reestructurar el INPE

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos oficializó este martes la creación de un grupo de trabajo que se encargará de proponer reformas que ayuden a la reestructuración interna y fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Según la resolución ministerial N° 0230-2023-JUS, la comisión estará liderada por Walther Iberos, viceministro de Justicia; un representante del despacho del ministro Daniel Maurate, Javier Llaque; titular del INPE, y una serie de funcionarios de la cartera como los directores de Asuntos Criminológicos, Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, Oficina de Integridad y Lucha contra la corrupción.

Además, representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS y del Comité Internacional de la Cruz Roja estarán en calidad de observadores.

Todo estos funcionarios tendrán 60 días de trabajo que será contado desde su instalación. Sin embargo, tendrán la posibilidad de una prorroga por 30 días.

“El grupo de trabajo deberá reportar al despacho ministerial, cada quince días calendario, los avances que evidencien el cumplimiento de sus funciones, entregando con prioridad aquellas propuestas que requieran una implementación preeminente, sin perjuicio de la consolidación de las mismas en un informe final al concluir su vigencia”, señala la resolución.

Se menciona también que podrán invitar a representantes de otras instituciones públicas y privadas, así como a profesionales especializados.

Como es público, la decisión del Minjus se da tras la difusión de un reportaje del programa Panorama, donde se mostró que agentes penitenciarios del INPE recibían coimas de los internos del penal Sarita Colonia del Callao para que les dejen drogarse o extorsionar a otros reclusos.

En el espacio de Panamericana Televisión se muestra imágenes de cómo los presos entregan billetes al personal del INPE. Un buen ejemplo es de lo ocurrido con un delincuente que está sentado en una de las escaleras de un pabellón cuando un custodio se le acerca para recibir el dinero, luego se despiden con un apretón de manos y se retira.

Otro caso es el de Alexander Montesinos Tapullima, sentenciado por tráfico ilícito de drogas, cuyo alias es Monte, quien cuenta varios billetes que luego son entregados a los dos agentes del INPE.

A raíz de este hecho, el jefe del INPE, Javier Llaque, fue consultado por estos sobornos. “Yo no soy responsable de ningún acto de corrupción de ningún servidor penitenciario. Lo que yo me encargo es de detectar estos actos y de evitarlos que ocurran”, anotó.

De otro lado, mencionó que no podía retirar a los agentes Luis Enrique Farro Salazar y el otro cuyo apellido es Velásquez Pérez porque la ley estipula que debían pasar por un proceso para establecer el grado de responsabilidad que tenían. Además, agregó que estos custodios del INPE solo realizaban “labores administrativas”.

“Tenemos varias intervenciones a nuestros agentes, todas las semanas damos cuenta a la prensa de nuestro propio personal interviniendo a los nuestros también de manera lamentable”, remarcó Llaque Moya.

Debido a la gravedad de este escándalo, el ministro Maurate señaló que hay muchos problemas que hay entorno al INPE en los últimos años.

“El INPE tiene problemas complejos por todos lados, y lo que la población está esperando son resultados. Si bien hemos alcanzado una serie de diagnósticos, debemos evolucionar a la solución... Tienen que convocarse en este procedimiento de reestructuración a funcionarios y técnicos muy especializados para ver cómo resolvemos”, señaló.

El titular de la cartera de Justicia enumeró que los problemas de la institución están en el ingreso y salida de funcionarios del INPE, el régimen de visitas, las escáner que no están funcionando, hacinamiento y proyectos de cárceles “totalmente trabados”.

“Tenemos en Ica un megapenal que lo hemos encontrado trabado y estamos avanzando la conversación con Unops para que lo puedan terminar. Tenemos también una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para que en el 2025 podamos avanzar en disminuir el hacinamiento carcelario en el país. Es decir, hay una serie de temas complejos que debemos abordar con seriedad y mostrar a la población los resultados”, acotó.