Exprocuradores anticorrupción piden a Dina Boluarte observar la ley que debilita la colaboración eficaz

Los exprocuradores anticorrupción César Azabache, José Ugaz y Luis Vargas Valdivia remitieron una carta a la presidenta Dina Boluarte para expresar su preocupación por la ley que aprobó el Congreso que limita la colaboración eficaz y solicitar la observación de la misma por las “graves consecuencias que ello acarrearía en términos de impunidad frente al crimen organizado en el Perú.

En la misiva, los exprocuradores consideran “inaceptable” que el Congreso “con 9% de aceptación y enfrascado en un desmontaje institucional” busque debilitar la colaboración eficaz —omitiendo informes técnicos— para transformarla en “un instrumento simbólico que nos retrotraerá a épocas de gran impunidad.

Le precisaron a la mandataria que votaron a favor del proyecto congresistas que son investigados por presuntos actos de corrupción o que cuyos líderes políticos están inmersos en carpetas fiscales. También recordaron que antes de la promulgación de la ley de colaboración eficaz en 2000 “la lucha contra la criminalidad resultaba frecuentemente infructuosa debido a la dificultad para obtener información interna de las organizaciones criminales”.

“A lo largo de sus 23 años de existencia, la norma y sus modificaciones han demostrado ser una herramienta eficaz en la persecución de estructuras criminales, y han permitido romper, con todas sus limitaciones, décadas de impunidad en el Perú. Prueba de ello son los múltiples casos vinculados al proceso Fujimori-Montesinos, que hicieron posible las condenas emblemáticas de los principales líderes de la compleja red criminal. Más recientemente, los casos concluidos derivados del Club de la Construcción, Cuellos Blancos del Puerto y Lava Jato en el caso Toledo. Asimismo, otros varios que se encuentran en curso, como los vinculados a los delitos cometidos por Pedro Castillo y su entorno”, se lee en el pronunciamiento.

En su texto, Azabache, Ugaz y Valdivia también rechazan la pretensión del Congreso de establecer un reducido plazo de 8 meses para que los fiscales reciban la solicitud de la persona procesada, haga las respectivas corroboraciones y concrete el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz.

Para los letrados, esta pretensión es “un despropósito” y una “clara intención de convertir este valioso mecanismo en inoperante”.

“Es evidente que esta modificación busca entorpecer la lucha contra la corrupción y contra la criminalidad organizada, y beneficiar así a los integrantes de organizaciones criminales, quienes podrán alcanzar la impunidad en perjuicio de los intereses de la gran mayoría de peruanos”, sostienen.

Finalmente, los exprocuradores aseveran que la Ley de colaboración eficaz puede ser mejorada, pero, alegan, debe ser producto de un debate con participación de fiscales, jueces, procuradores, abogados, académicos y “quienes busquen soluciones para las dilaciones indebidas y la corroboración y la defensa del aspirante”.

“Reiteramos nuestro pedido en la convicción que corresponde a la responsabilidad derivada de su alta investidura poner coto a este grave atentado contra la lucha anticorrupción y el crimen organizado que tanto daño le vienen generando al país.

A 11 días de que el Parlamento aprobara el proyecto que altera la colaboración eficaz, la presidenta Dina Boluarte no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la referida iniciativa.

En tanto, los ministros de Estado se han mostrado ambiguos al ser consultados si se observará la norma. Tal es el caso de Alberto Otárola (PCM), Daniel Maurate (Justicia y Derechos Humanos) y Albina Ruiz (Ambiente).