Dina Boluarte en cura de silencio por ley que limita la colaboración eficaz

A 11 días de que el Pleno del Congreso de la República diera un duro golpe en la lucha contra la corrupción al debilitar el proceso especial de colaboración eficaz, la presidenta Dina Boluarte no se ha pronunciado ni ha fijado una posición a favor o en contra de la pretensión del Parlamento. Juristas e instituciones han advertido que establecer un plazo de 8 meses para concretar un acuerdo pone en riesgo casos emblemáticos como el caso Lava Jato.

La posición de la mandataria es de suma importancia toda vez que es la única autoridad con la facultad de observar la norma y plantear objeciones al texto aprobado por la representación nacional con 84 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

Así lo dispone el artículo 108 de la Constitución: “Si el presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de 15 días”.

De acuerdo con el expediente virtual del proyecto que limita la colaboración eficaz, la autógrafa aún no ha sido remitida al Poder Ejecutivo para su respectiva evaluación. Sin embargo, ministros de Estado han sido consultados al respecto.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, fue el primer funcionario del Gobierno en pronunciarse sobre la norma que desbarata la colaboración eficaz. No obstante, no marcó posición.

“Vamos a verla. Nosotros lo hemos dicho, vamos a respaldar todas las medidas que refuercen la lucha contra la corrupción porque esa es una de las banderas de la presidenta Boluarte. Entonces, vamos a estudiarla y pronunciarnos en su oportunidad”, dijo Otárola desde el Vraem.

El mismo caso se daría con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, principal asesor en materia jurídica de la jefa de Estado. En declaraciones a RPP, el titular del Minjusdh afirmó estar al tanto de los comentarios de juristas sobre la norma, pero precisó que se pronunciarán en base al expediente de la norma.

“Tenemos que opinar en función del expediente, del documento que va a llegar a nuestro sector. Lo vamos a analizar en equipo. No es una decisión del ministro, es una decisión en conjunto. Lo que sí puedo garantizar es que nosotros no vamos a ser instrumentos para vulnerar o perjudicar esta herramienta importante que tiene la Fiscalía para luchar contra el crimen organizado, de ninguna manera. Eso sí lo puedo asegurar”, señaló Maurate.

En la gestión de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y, en consecuencia, máxima autoridad del Ministerio Público, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento respecto al proyecto aprobado por el Congreso que pone en riesgo la colaboración eficaz.

Este es un cambio radical de la posición institucional de la Fiscalía respecto a la gestión de su antecesora, la inhabilitada —arbitrariamente por el Congreso— exfiscal suprema Zoraida Ávalos.

Cuando Ávalos Rivera lideraba el Ministerio Público, envió dos informes a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos recomendando archivar el proyecto que modificaba el proceso de colaboración eficaz.

“Establecer que el proceso de colaboración eficaz tenga una duración, como lo propone el proyecto, es irreal, y en la práctica solo significaría que muchos de estos procesos sean declarados caducos por exceso del plazo. En otros términos, a diferencia de las otras modificaciones como la propuesta, esta norma no solo constituye un desincentivo a la colaboración eficaz, sino que el proceso especial se tornaría en ineficaz y caería en desuso”, se lee en uno de los documentos remitidos al Parlamento.