Abogado argentino de Pedro Castillo reconoce que intento de cerrar el Congreso fue ilegal: “No estaba habilitado”

Pese al fallido intento de golpe de Estado, el abogado Guido Croxatto considera que Pedro Castillo sigue siendo presidente del Perú. Letrado informó que ya solicitó una medida cautelar a la CIDH.

Pese al fallido intento de golpe de Estado, el abogado Guido Croxatto considera que Pedro Castillo sigue siendo presidente del Perú. Letrado informó que ya solicitó una medida cautelar a la CIDH.

Guido Croxatto, abogado argentino del expresidente Pedro Castillo, admitió que el intento del exmandatario de disolver el Congreso fue ilegal toda vez que la Constitución peruana establece que únicamente se puede cerrar el Parlamento tras dos cuestiones de confianzas denegadas al Consejo de Ministros.

Según el letrado, Castillo dio su último mensaje a la Nación “cansado de que el Congreso fujimorista no lo dejara gobernar”, del “hostigamiento mediático, de la “persecución judicial absurda por una fiscal de la Nación (Patricia Benavides) que alegó tener tesis que no aparecen”.

“Cansado de todo esto, Castillo dio un discurso llevando la voz de los sectores más bajos de la sociedad, sectores populares que nunca se han escuchado y que le pedían que cerrara el Congreso. Se lo pedía todo el pueblo que votó por él y que no está representado por ese Congreso racista y fujimorista que declaró persona no grata a López Obrador”, declaró en entrevista con el Instituto Nacional de Formación Política del Estado de Morena, México.

“En ese discurso anuncia una serie de medidas. Una de ellas era la disolución del Congreso. Desde el punto de vista formalista, no estaba habilitado. Pero, desde el punto de vista político y social, en un país que es históricamente racista donde los peruanos tienen presidentes que los discriminan y los reprimen, tal vez no era legal. Pero la pregunta sobre la legitimación social de algunas medidas sigue abierta”, agregó el discípulo del exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Zaffaroni.

El presidente destituido de Perú, Pedro Castillo, es escoltado por la policía en la comisaría donde está detenido en Lima, Perú, el miércoles 7 de diciembre de 2022. (AP Foto/Renato Pajuelo)

Pese a que el expresidente fue detenido en flagrancia por presunta rebelión, Guido Croxatto insiste en que el exmaestro de escuela rural fue intervenido “arbitrariamente por su propia custodia”.

“Se incumplió toda la Constitución y el Reglamento (del Congreso) peruano. Por eso decimos que la vacancia es nula, la destitución es inconstitucional y la detención es arbitraria. Y hay un gobierno de facto que salió a reprimir masivamente a las personas y mató a 70 seres humanos”, dijo.

Guido Croxatto: “La única salida jurídica es la restitución de Castillo”

El abogado Guido Croxatto considera que Pedro Castillo sigue siendo jefe de Estado, a pesar de que la Corte Suprema ha validado la vacancia presidencial del 7 de diciembre.

“Desde el punto de vista jurídico, es el presidente legítimo y constitucional de Perú. La única salida jurídica que yo veo es la restitución de Castillo y el juicio político a los congresistas que votaron mal la destitución, juicio político al Tribunal Constitucional, ni hablar de los responsables de las 70 muertes que es este gobierno usurpador”, arguyó.

En ese sentido, el letrado indicó que, junto al exmagistrado Eugenio Zaffaroni, ha requerido una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Castillo Terrones sea liberado y restituido.

Guido Croxatto y Eugenio Zaffaroni ejercer la defensa de Pedro Castilo en instancias internacionales. (LP Pasión por el Derecho)

“Hace un rato mandamos el caso a la OEA con Zaffaroni, pedimos una medida cautelar ante la OEA, también para terminar con la detención arbitraria de Pedro Castillo. Presentamos una ampliación de denuncia a la Corte Penal Internacional para que se tome en cuenta que las muertes no son indiscriminadas, se están matando a los indios sobre todo a la gente del sur”, apuntó.

Como se recuerda, el expresidente se encuentra recluido en el penal Barbadillo, luego de que se le dictara 18 meses de prisión preventiva por el fallido golpe de Estado. Adicional a ello, el Poder Judicial impuso otros 36 meses por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.