Crisis en el sistema penitenciario: Advierten que en las cárceles del Perú “no se rehabilita a nadie”

Es conocido que hay bandas criminales en nuestro país que son dirigidas desde los penales. Este es el caso de ‘Los Chukys del Loco Mego’, liderada por un preso del penal de Trujillo. Gracias a un operativo realizado el mes pasado por la Sección de Investigación de Secuestros y Extorsión de la División de Investigación Criminal de dicho departamento del norte del país, se logró desbaratar a la banda.

El año pasado, la Policía Nacional logró desarticular la organización criminal ‘Los broches de Puerto Pizarro’ a través de un gran operativo realizado a nivel nacional. Fueron 24 intervenciones que se efectuaron y 14 de ellas en el penal de Tumbes, el que habría sido el centro de organización.

Esto nos demuestra que la seguridad en el país también pasa por tener un buen sistema penitenciario. El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, conversó con Infoabe Perú sobre la crítica situación de los penales y sobre la conveniencia o no de la privatización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

—¿Una persona privada de su libertad pierde sus derechos fundamentales como: el derecho a la salud, la integridad, la vida?

—No es que los pierda están suspendidos como el derecho a la libertad porque es parte del proceso penal penitenciario. También se limita el derecho a las comunicaciones, pero el que no se suspende en absoluto es el derecho a la dignidad. El tema de fondo es la brecha que existe entre lo que conceptualmente debe ser un programa de rehabilitación con respecto a la realidad de los penales. En los penales del Perú no se rehabilita a nadie.

—Entonces, en el Perú el objetivo de rehabilitar a los presos no se cumple.

—No se cumple. Al no cumplirse estamos engañándonos a nosotros mismos porque ponemos en el papel, algo que políticamente suena bien. A su vez, internacionalmente cumplimos ciertos parámetros con respecto a los derechos humanos, pero que en la práctica si uno analiza la situación de los penales, la estructura que tiene para rehabilitar a los internos es incipiente. Esto también tiene que ver con el presupuesto que maneja el Instituto Nacional Penitenciario.

Estamos hablando de una población penal cerca de 90 mil internos en todo el país, eso es casi dos estadios llenos. Obviamente, alojar, alimentar, cuidar la salud de 90 mil personas todos los días implica un esfuerzo logístico y económico solo para mantener la línea de base. Ahora (el presupuesto) a penas alcanza para la subsistencia y las condiciones de hacinamiento, lo que hacen es atentar contra sus derechos.

—Se puede pensar que las cárceles para reos primarios se tiene mejores condiciones porque están recluidos delincuentes de menor peligrosidad, pero no es así.

—El suelo está parejo a nivel de las incomodidades y limitaciones. Hay autonomía de quiénes dirigen los penales y tienen políticas diferenciadas. No es lo mismo un penal primario que Chayapaclla (de máxima seguridad), la población de cada cárcel es diferente también.

—Según datos del Inpe al 2023, hay una sobrepoblación del 119% y un hacinamiento del 99%. Además, del 2022 al 2023 han ingresado a los penales 20 mil nuevos reos, ¿Qué está fallando en nuestro sistema?

—En el Perú no se invierte hace años en penales, tan es así que este tema ha sido parte de la campaña de algunos candidatos a la presidencia de la República el 2021. Para mí es crucial a nivel de seguridad porque este es un tema que le compete a justicia y no a interior. Pero hay problemas de infraestructura y de inversión. Creo que es finalmente la última rueda del coche. Si miramos la estadística, la población penal está compuesta más por los sentenciados que los procesados, en el orden de 60% a 40%. Antes se decía que había más procesados en cárcel. Entonces, si hay un esfuerzo del sistema por cerrar esas brechas.

También habría que hacer un análisis cualitativo sobre la situación de los procesados, analizar su situación de prisión preventiva. Posiblemente, sea gente procesada por delitos contra el patrimonio e involucrada en robo agravado. Entonces, ¿cuándo corresponde la prisión preventiva y cuándo no? Es un tema de fondo. Uno pensaría en términos puros que la cárcel solo es para los juzgados. Aun así estaríamos con una sobrepoblación penal.

—¿Cree que ayudaría la propuesta del INPE de impulsar el uso de grilletes electrónicos?

—Definitivamente sí. Hay población penal que está encerrada porque no pasa alimentos a sus hijos. Eso es contradictorio, porque puede estar con un grillete electrónico y trabajar para poder pasar los alimentos. Allí se podría descargar las cárceles con este tipo de medidas. Otro tema son los talleres, ¿cuántos penales tienen talleres laborales? No son muchos, pero esa es la estructura de la rehabilitación.

Hay un caso icónico de que la rehabilitación es una tomadura de pelo, es el curso de ‘Hello Kitty’ de Antauro Humala. Viéndolo de manera individual, Antauro logra rehabilitarse por horas de estudio y trabajo para poder obtener menos días en cárcel y salió que tuvo cursos de ‘Hello Kitty’... Lo otro que está ocurriendo es que se han endurecido las leyes, que hacen que la permanencia de la población en un penal sea mayor.

—Se han endurecido por exigencia de la misma población que no ve justicia cuando sufre un delito, al elevar las penas para los delincuentes la gente se siente más segura.

—Esa exigencia de la población es un aprovechamiento político. Aquí hay un populismo político, el Congreso en lugar de plantear el problema, estudiarlo a fondo y con su equipo de asesores plantear la necesidad de una ley que permita la reforma integral del sistema penitenciario y que incorpore mejores condiciones, propone imponer cadena perpetua.

Ahora tenemos un montón de circunstancias delictivas donde se produce cadena perpetua. Por ejemplo, el delito de secuestro si la víctima es mayor de 65 años o menor de 18 años es cadena perpetua. Entonces, hay mayor permanencia de la población penal. Pero no es rentable políticamente decir: ‘voy a bajar penas’. Recordemos que la norma establece que las cárceles son un centro de rehabilitación, por ahí debemos empezar.

—La seguridad en los penales es otro problema. En los medios se publican la facilidad de los delincuentes en ingresar cosas indebidas o dirigir bandas criminales desde los penales.

—Y tampoco hay seguridad para los propios presos que pueden ser avasallados por otros internos. Se conoce que preso que ingresa con un delito mediano, saldrá con todos los contactos y presiones para reincorporarse a la criminalidad organizada. Lo que prima en un penal hacinado es la ley de la selva.

Muchas veces los recursos vienen de afuera como la droga, el alcohol o chips de teléfonos. Hay un montón de cosas que no se deberían permitir en un penal que tiene las condiciones necesarias: sin hacinamiento, con controles adecuados, sistema de rayos X al entrar, detectores de metales. Además, de métodos de trabajo, estudios y tratamiento psicológico para lograr rehabilitar a las personas.

—¿Cuál sería el primer paso básico que debería dar el gobierno para resolver este problema social y de seguridad?

—El primer paso es hacer un análisis a quiénes puedo sacar de las cárceles y alquilar algunos lugares para tener centros de detención nocturna. Entonces las personas están durante el día entre la sociedad y a cierta hora ingresa a un centro donde recibe la atención necesaria... Además, (el segundo paso es) el presupuesto, analizar cuánto hace falta para manejar qué. Lo tercero es la adquisición de dos cosas: tecnología de punta para impedir las comunicaciones, reducir las tazas de extorsión o coordinación en los penales. Eso debe estar acompañado de los grilletes electrónicos que tiene años con este proyecto.

—¿Privatizar el sistema penitenciario sería para usted una salida a la crisis?

—Me genera muchas dudas el tema de la privatización. Porque me lleva la tema del trabajo forzoso... Cuando hablamos de privatizaciones, hablamos de un privado que los alimenta, pero contra qué, cómo va a recuperar la inversión de la infraestructura y la inversión en los internos. Podría ser una solución, pero sería un hotel de lujo para ciertos internos que tienen capacidad económica para pagar mejores condiciones de internamiento. Inmediatamente, habría un trato discriminatorio. El privado va a tener que recuperar lo que invierte, o lo recupera cobrándole al interno o al gobierno.

—Entonces, la mejor solución podría ser que el Estado solvente la privatización de este sistema.

—Podría ser porque en ese caso se presentaría otras estructuras. Por ejemplo, hay penales que hacen convenios con empresas, en esos casos se trabaja desde los penales. Esa estructura hay que estudiarla mejor, pero se tiene la ventaja que la persona trabaja y genera ingresos.

De los ingresos que genera un porcentaje queda para él y otro porcentaje lo usa para la reparación civil. Esa estructura de privatización funciona con cierto tipo de delitos o delincuentes, como con aquellos que no son peligrosos y no aprovecharan las tijeras para hacer armamento punzo cortante. Es delicado y hay que analizar caso por caso. Lo que corresponde es que el Estado resuelva el problema desde el reconocimiento de los derechos, no solo de los internos, sino de todos nosotros.