Contraloría halla presuntas irregularidades en adquisiciones del Comando Conjunto de las FF.AA. y la Fuerza Aérea del Perú

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) están en la mira de la Contraloría General de la República. Recientes informes de esta entidad fiscalizadora a las que Infobae Perú accedió dan cuenta de presuntas irregularidades que se dieron en ambas instituciones castrenses.

El 12 de junio pasado, el órgano de control emitió el informe de orientación de oficio 007-2023-OCI/5777-SOO, cuyo titulo llevaba “Contratación del servicio de inteligencia de imágenes y comunicaciones para las compañías que efectúan acciones militares en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP)”, relacionado al CCFFAA.

En el documento se da cuenta de la indagación que la Contraloría realizó sobre el citado proceso. Así, se menciona que el 24 de mayo de este año se emitió una orden de servicio por un monto aproximado de US$ 2 730 600,00 para la contratación de directa de la empresa Global Defensa Consulting.

La firma había sido la elegida para ofrecer el servicio de inteligencia de imágenes y comunicaciones a los comandos operacionales que trabajan al lado de la PNP en acciones militares. Esto porque presentó una carta de oferta el 23 de mayo con una serie de detalles.

En rigor, Global Defensa Consulting iba a proveer de un sistema de drones por 600 horas distribuidas en un plazo de seis meses.

En el detalle es que incluían un vehículo aéreo no tripulado (UAV) Vector VTOL que serviría para del despegue y aterrizaje vertical. Contaría también con un fuselaje adicional de respaldo para reemplazar al original con el fin de que la operación que se ponga en marcha no esté en peligro.

Por otro lado, la citada compañía iba a dotar también de un vehículo aéreo no tripulado (UAV) de la empresa tecnológica estadounidense L3 Harris Technologies cuyo modelo es FVR-90 que iba a tener dos pilotos certificados, dos técnicos de soporte, una administración completa del sistema, con procedimientos pre y post vuelos.

Además, iba a ofrecer un sistema de comunicaciones de la citada compañía que iba a incluir una radio modelo RF-7850M-HH y una antena para que exista un montaje entre el dron y otros cables y accesorios.

El detalle está en lo siguiente. En los términos y condiciones que puso Global Defensa Consulting para hacer efectiva la oferta es que el dron Vector VTOL iba a ser puesto a disposición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la aduana en un plazo de 10 días luego de recibida la orden y el pago correspondiente.

En tanto, el dron de L3Harris modelo FVR-90 lo sería por un plazo máximo de 6 meses de recibida la orden y el pago.

En la condición final es que, una vez culminado el periodo de alquiler de 600 horas o 10 meses, todos los equipos y sistemas iban a ser donados o cedidos al CCFFAA. Sin embargo, la Contraloría entra a tallar.

“Asimismo, la empresa señala que recién cederá o donará la propiedad del RPAS UAV L3Harris al ‘final del periodo de alquiler de 600 horas o 10 meses’, plazo que difiere de lo requerido por la entidad en los términos de referencia, donde en el numeral 5 ‘otras consideraciones’, se indica que el sistema completo pasará a propiedad de la entidad al finalizar el servicio, el mismo que según el numeral 13.2.3 ‘Plazo de ejecución’ dice que será ‘600 horas de vuelo o el valor de las horas consumidas, lo que ocurre primero’; es decir, en ningún momento señala que el tiempo de diez meses al que hace referencia el proveedor adjudicado en su oferta”.

La Contraloría concluye “se ha advertido una situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de dicha contratación”.

Por tanto, la entidad de control recomendó que la orientación de oficio pueda el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pueda adoptar “acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional”. Además, que informe al órgano de control institucional que tome medidas en un plazo de cinco días.

A raíz de este informe, Infobae Perú buscó conocer si el CCFFAA tomó acciones al respecto. Al cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta a través de los canales institucionales de la entidad.

Por otro lado, la Contraloría también halló en el informe N° 005-2023-2-0286-SCE que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) pagó S/ 1 millón 885 mil por un sistema de desinfección de aire que tiene un sobrecosto de más de siete veces su valor, el cual no cumple a cabalidad con su función y pone en riesgo la salud tanto de pacientes críticos como del personal médico, los mismos que se encuentran expuestos a contaminación cruzada y enfermedades nosocomiales, del hospital de esta institución.

En rigor, encontraron que en la Sala de Cirugía, Unidad de Terapia Intensiva y Unidad de Cuidados Intensivos, que son considerados ambientes críticos del Hospital Central de la FAP, el consorcio ganador Lealto EIRL & Gofasa SAC instaló 15 sistemas de aire acondicionado que no garantizan una asepsia rigurosa (ausencia de gérmenes que puedan provocar una infección), lo que ocasiona el riesgo de afectar la salud pública.

Además, certificaron que los equipos instalados no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas de la contratación directa ni en la norma técnica de salud.

Finalmente, la Contraloría ha remitido el informe de control específico al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de la FAP para que inicie las acciones legales (de carácter penal) a los funcionarios y/o servidores en estos hechos ocurridos entre marzo y junio del 2022.

“Se ha enviado el informe al Órgano Instructor de la Contraloría a fin de que tramite el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a quienes también tendrían presunta responsabilidad administrativa grave o muy grave”, recalcan.

En este caso, Infobae Perú también requirió el descargo de la FAP a través de sus canales institucionales. Sin embargo, no encontramos respuesta al cierre de este informe.