Poder Judicial ordenó al Ejército entregar un informe sobre el uso de armas de fuego durante las protestas en Ayacucho

En diciembre del 2022, el Perú atravesaba una crisis política y social tras el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Ciudadanos de distintas regiones del país alzaron su voz de protesta luego de que Dina Boluarte jurara como presidenta de la República. El cierre del Congreso de la República y el adelanto de elecciones generales fueron los pedidos de los peruanos, quienes salieron a las calles a protestar.

En aquel entonces, Ayacucho fue, junto con la región vecina de Apurímac, el epicentro de las protestas desatadas tras el fallido intento de golpe de Estado de Castillo Terrones y su posterior destitución por el Parlamento, el pasado 7 de diciembre.

El 15 y 16 de diciembre, los enfrentamientos entre los manifestantes y los miembros del Ejército ocurridos en inmediaciones del Aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte dejaban a su paso mucho dolor e indignación en los peruanos al enterarse que las personas que protestaban recibían impactos de proyectiles de armas de fuego. Con el transcurrir del tiempo, la Diresa reportó heridos y muertos: 10 personas fallecieron producto de las protestas en esta región del Perú.

Han pasado más de 6 meses, y todavía no se hallan a los responsables de estos hechos violentos que enlutó a las familias no solo de Ayacucho, sino también de regiones como Apurímac, Arequipa, entre otras.

Sin embargo, la información que entregaría las Fuerzas Armadas del Perú en torno al plan operativo en Ayacucho para contener las manifestaciones sociales podría esclarecer los hechos e identificar a los autores y partícipes de los delitos de homicidio calificado y lesiones en perjuicio de 65 ayacuchanos que protestaron en medio de la crisis sociopolítica.

De acuerdo a la resolución difundida por RPP, el Poder Judicial ordenó a las Fuerzas Armadas que entregue al Ministerio Público la documentación relacionada con el plan operativo ejecutado en los días 15 y 16 de diciembre en diversas avenidas de la región y, sobre todo, en los alrededores del Aeropuerto de Ayacucho.

Es así que la jueza Margarita Salcedo dispuso que el Ejército del Perú entregue a la Fiscalía el informe sobre el uso de armas de fuego, así como un informe pormenorizado sobre la cantidad de municiones entregadas a cada personal militar que participó en estas acciones militares ejecutadas en el marco de las manifestaciones.

Cabe indicar que antes de que la jueza Salcedo Guevara declarase fundado el requerimiento para la entrega de esta información, la Segunda Brigada de Infantería Wari, con sede en Ayacucho, denegó este pedido, ya que se trataba de una “documentación reservada”.

El 24 de junio, la presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó hasta la localidad de Sachabamba, en Ayacucho, para una visita de trabajo como parte de su agenda presidencial por el Día del Campesino. Como era de esperarse, más de un ciudadano ayacuchano criticó su presencia en el lugar donde murieron 10 personas durante las manifestaciones antigubernamentales pasadas.

Yovana Mendoza, vicepresidenta de la Asociación de Víctimas de Ayacucho, —un grupo de personas que fueron afectadas por la presunta represión policial en el gobierno de Boluarte Zegarra— rechazó la presencia de la mandataria.

Como es sabido, la presidenta Boluarte no se ha disculpado por los decesos en las movilizaciones sociales contra su gobierno.