En un nuevo ataque a la independencia de órganos autónomas, el Congreso de la República aprobó la inhabilitación de la función pública durante cinco años a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos por presunta demora y rehusamiento al investigar al expresidente Pedro Castillo. Ante ello, los jueces supremos que forman parte de la Sala Plena de la Corte Suprema se unirán para pronunciarse en contra de la vulneración de la independencia del sistema judicial.
En mayo, el Parlamento peruano discutió una serie de reformas para que autoridades de entidades autónomas, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), puedan ser sometidas al control político del Poder Legislativo, pese a que se tratan de entidades autónomas por mandato constitucional.
Para el titular del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, estos proyectos tienen como finalidad “someter al sistema electoral y en concreto al JNE bajo el temor del juicio político para evitar que se tomen determinadas decisiones”, según comentó a la agencia EFE.
La constante intervención de los legisladores en la labor de los entes autónomos preocupó incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien expresó su rechazo a la inhabilitación de la extitular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos.
“La CIDH recuerda que, conforme a estándares interamericanos, las garantías para salvaguardar la independencia judicial no sólo cobijan a jueces, sino también a fiscales. Los Estados les deben dotar de estabilidad en sus cargos como una consecuencia del rol fundamental que desempeñan en el acceso a la justicia. En tal sentido, es preciso que tanto jueces como fiscales cuenten con un adecuado proceso de nombramiento, protección contra presiones externas e inamovilidad en el cargo”, detalló en un comunicado.
Luego de esta vulneración del principio de autonomía de los entes operadores de justicia, un grupo de magistrados de la Corte Suprema del Poder Judicial (PJ) conversó con el diario La República y mencionaron que están en busca de consensos para pronunciarse en contra de las iniciativas legislativas que atentan contra los entes judiciales.
Los funcionarios indicaron que lo que se busca es conscientizar a los congresistas sobre el respeto que deben tener ante la autonomía de las instituciones para evitar perjudicar el orden democrático. Además, precisaron que el control político utilizado para el equilibro de poderes no debe ser utilizado como un “arma de revancha, de imposición de ideas o amenaza” en contra de jueces y fiscales.
En lo que concierne a un supuesto accionar en contra de un grupo político en específico, los magistrados rechazaron que tomen decisiones para perjudicar a otros. Sin embargo, sí cuestionó que existan conjuntos de políticos que cuestionen a operadores de justicia cuando sus acciones los perjudican. “Si, en verdad, creen que los magistrados deciden por temas políticos, deberían cuestionar todo, pero vemos que eso no es así”, dijo.
El 28 de junio, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia realizaría una sesión de la Sala Plena para tratar “la independencia y autonomía” del sistema judicial, la cual fue convocada de manera “urgente” en el Palacio de Justicia desde las 12:30 p. m., y tenía la firma de los jueces supremos Elva Barrios Alvarado, César Martín Castro, Janet Tello Gilardi, César Proaño Cueva, Carlos Calderón Puertas, Víctor Castillo León y Ulises Zumaeta.
No obstante, de acuerdo al portal Ojo Público, esta fue suspendida y reprogramada para el lunes 3 de julio. Según un informe de La República, no todos los magistrados comparten la idea de callar ante las cuestionadas decisiones del Ejecutivo y el Parlamento. Los jueces aún están en busca de un acuerdo, razón por la que se suspendió la sesión del pasado miércoles.