Bachillerato automático: Grupos políticos que aprobaron esta ley intentaron desmantelar a la Sunedu en gestiones anteriores

La oficialización de la ley de bachillerato automático se erige como una solución ante la barrera que existe para insertarse en el mercado laboral. Como toda norma aprobada, van a existir opiniones antagónicas; no obstante, la mayoría de los estudiantes se mostraron a favor de cumplir con las exigencias mínimas para obtener el grado de bachiller.

Estos requisitos ínfimos afectarían a la investigación universitaria porque ahora los jóvenes de universidades públicas y privadas solo deberán aprobar sus estudios de pregrado y sustentado el conocimiento de un idioma extranjero para conseguir su bachillerato automático. Con este grado, se les abrirá el camino para trabajar en diversas organizaciones que operan en el Perú, puesto que estas contratan a personas que no necesariamente tienen un título profesional.

Antes de que el Congreso oficializara la ley de bachillerato automático, los estudiantes cumplían los siguientes requisitos para obtener el grado de bachiller: aprobación de los estudios de pregrado, el conocimiento de un idioma extranjero y la aprobación de un trabajo de investigación en el último semestre de estudios de cada carrera. Así se estableció en el artículo 44 la Ley 30220 (Ley Universitaria).

Artículo 44: se mantienen los requisitos para la obtención de grado de bachiller, que corresponden a la aprobación de los estudios de pregrado y el conocimiento de un idioma extranjero. A ello, añade que los estudios de pregrado deberán incluir un curso de trabajo de investigación en el último semestre de estudios de cada carrera.

Este artículo fue modificado con la aprobación, por insistencia, de la norma que modifica la Ley 30220 (Ley Universitaria). De manera que ahora solo el estudiante deberá cursar una asignatura relacionada a la investigación, mas no investigará. El proyecto de ley aprobado el 29 de marzo de 2023 en el Pleno del Congreso, fue presentado en septiembre del 2022 por el congresista Alejandro Cavero (Avanza País). En ese entonces, el legislador emitió su juicio de valor en tono a esta norma.

Ahora bien, para que el Congreso oficialice la Ley 31359, Ley que modifica la Decimocuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 30220, la propuesta legislativa pasó por el Pleno en más de una oportunidad y fue observado por el Poder Ejecutivo.

Es así que, en mayo de 2023, el Ejecutivo planteó cuatro observaciones, de las cuales una giraba en torno a la eliminación de la elaboración de un trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller. Respecto a esto, el secretario de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Juan Mori Celis (AP), dijo que se insiste en la medida planteada por el político Cavero. Días después, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, conducido por el vicepresidente Wilson Quispe Mamani (PL), aprobó, por unanimidad, la insistencia de la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo.

Posterior a ello, el Pleno del Congreso aprobó la norma que modifica la Ley 30220, sobre la obtención del grado académico de bachiller o del título profesional para estudiantes de casas de estudio públicas y privadas. Con 106 votos a favor, se aprobó, por insistencia, los proyectos de ley 148, 1421, y otros, que propone modificar la Ley Universitaria, a fin de promover la investigación para la obtención del grado académico de bachiller o del título profesional.

“(…) A fin de promover la investigación para la obtención del grado académico de bachiller o del título profesional”. Este objetivo no se condice con el contenido de la norma, dado que ahora a los estudiantes no se les exigirá realizar un trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller.

Ante este panorama adverso, la directora académica de la carrera de Psicología de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), Ana Elguera, mostró su preocupación ante la inminente reducción de trabajos de investigación en las universidades.

“No podemos generar retraso en la educación de nuestro país, debemos ir en la línea de una educación moderna, capaz de resolver problemas dentro del claustro académico y estar al servicio de la comunidad en base a nuestro conocimiento”, sostuvo.

Respecto al fomento de la investigación académica en las casas de estudio, la profesional dijo que “se debe promover toda una línea de investigación desde la malla curricular”. “(…) Que la elaboración de la tesis se realice durante la formación académica. Pienso que si promovemos la investigación desde el inicio de los programas, los estudiantes formarán una conceptualización distinta de la investigación”, agregó.

Por su parte, el exjefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Oswaldo Zegarra, sostuvo que la Ley N°31359 “no afecta la reforma universitaria ni las funciones de la Sunedu, pero sí de alguna manera permite dar una idea de que se está vulnerando la autonomía de la institución”.

“Lo que pasa es que siempre tenemos algunas ideas que tratan de cambiar el rumbo de la Sunedu, en sus acciones y decisiones, y en su forma en la cual tienen que supervisar el funcionamiento de las universidades en el país. Ese es el punto fundamental”, agregó Zegarra.

Respecto a la última declaración de Zegarra, es pertinente indicar que en 2022, el Pleno del Congreso aprobó, por insistencia, la autógrafa de ley, que había sido observada por el Poder Ejecutivo, que propone el restablecimiento de la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas; es decir, modifica el Consejo Directivo de la Sunedu para incluir a representantes de universidades en la tarea de autorizarse y fiscalizarse a sí mismos. Como es sabido, esta iniciativa tuvo respaldo mayoritario de Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular.

En 2015, el legislador fujimorista José Elías Avalos, dueño de la Universidad Privada San Juan Bautista, presentó una propuesta legislativa para crear el Consejo Nacional de Educación Universitaria (Conedu) en reemplazo de la Sunedu. Su proyecto de ley fue desestimado en diciembre del 2015 por la Comisión de Educación; por consiguiente, no llegó al Pleno. Cabe indicar que en aquel entonces, contó con el respaldo de Fuerza Popular y del Apra.

En el 2016, el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén presentó un proyecto de ley, el cual planteaba la incorporación de seis docentes elegidos por los rectores, los mismos que debían elegir al superintendente de la Sunedu. La propuesta se estancó en la Comisión de Educación.

En 2020, un grupo de parlamentarios de Fuerza Popular y Podemos Perú incluyeron en la ley de moratoria de universidades la creación del Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (Conau), una instancia que, por encima de la Sunedu, iba a revisar los recursos de impugnación presentados por las casas de estudio privadas sin licenciamiento. Por fortuna, el congresista de Somos Perú Luis Dioses, presidente de la Comisión de Educación, tuvo que archivar la iniciativa tras las protestas que se registraron en Lima.