Poder Ejecutivo observa ley que Congreso aprobó porque afecta lucha contra minería ilegal

El Poder Ejecutivo observó la autógrafa que el Congreso de la República aprobó porque afecta la lucha contra la minería ilegal. Según un oficio firmado por la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola, la norma aprobada afecta el Decreto Legislativo 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal y perjudica los intentos para erradicarla.

Recordemos que la modificación de esta norma fue propuesta por el congresista de Alianza para el Progreso (APP) Eduardo Salhuana. El parlamentario pretendía cambiar el artículo 7 del Decreto Legislativo 1100 para evitar la destrucción de la maquinaria, los bienes e insumos incautados en operaciones policiales contra la minería ilegal.

Con los votos suficientes obtenidos en el Pleno del Congreso, el pasado jueves 25 de mayo, se aprobó que el Programa Nacional de Bienes Incautados (Probani) se quede con los bienes incautados de forma temporal o definitiva y que se destruyan los objetos que no puedan ser decomisados. Así lo decidió el Parlamento a pesar de que tres ministerios habían observado afectaciones en la autógrafa.

Ahora, el Poder Ejecutivo observó que la ley puede afectar el carácter reservado y confidencial de las operaciones que realiza la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Dirección General de Capitanía y Guardacostas (DICAPI) para erradicar la minería ilegal.

En el oficio al que accedió El Comercio el Ejecutivo explica que así sucedería porque se estaría obligando a estas entidades a que coordinen con las autoridades regionales el retiro de los bienes incautados en los campamentos de minería ilegal.

La ley aprobada recientemente también dañaría la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Dirección General de Capitanía y Guardacostas (DICAPI) porque exige que se contrate más personal y más recursos logísticos para concretar la custodia temporal de los bienes hasta que los gobiernos regionales respondan.

En esa línea, se pone en riesgo al personal que acude a los campamentos ilegales para realizar las operaciones que clausuren las zonas donde se extrae minerales.

“En tal sentido, coordinar con las autoridades regionales implicaría una demora en la ejecución de las operaciones policiales y de DICAPI que puede afectar sus acciones en la lucha contra la minería ilegal”, se lee en el documento.

Por esto, Dina Boluarte y Alberto Otárola pidieron al Congreso que eliminen la modificación al numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo 1100.

Augostina Mayán, lideresa del pueblo awajún, denunció que fue amenazada de muerte por personas que estarían detrás de la extracción de minerales de forma ilegal en la comunidad de Nuevo Kanaan, ubicada en Amazonas.

La también lideresa de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) señaló que es la segunda vez que recibe estas amenazas.

En tanto, la Red de Vigilancia Amazónica para los Conflictos Socioambientales también denunció que Mayán dio a conocer que fue amenazada por mineros ilegales que buscaban invadir su comunidad el pasado 20 de junio, pero que la Policía Nacional del Perú (PNP) no le brinda protección hasta la fecha.

La organización CooperAcción publicó un video en su cuenta de Facebook donde se escucha a Mayán decir que ya han pedido al Estado peruano que luchen contra la minería ilegal desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

“Ha habido interdicciones hasta el año pasado, pero en lo que va de este año no hay dicha interdicción y por lo tanto ellos (los mineros ilegales), a nosotros los defensores, nos tildan de que estamos engañando a la gente, que no dejamos que progrese la gente, que somos mezquinos y permitimos que la gente se muera teniendo tantos recursos”, contó.