Nadine Heredia no podrá ir a Colombia para someterse a un examen médico. Así lo decidió el juez Richard Concepción Carhuancho la noche del miércoles 28 de junio en una audiencia. Además, el magistrado dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra la exprimera dama bajo ante el peligro procesal, pues sería “incierto” su regreso ante un posible viaje.
El titutlar del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional explicó que el informe médico presentado por la exprimera dama no justificaba su intención de visitar otro país.
El magistrado se pronunció luego de que el fiscal Germán Juárez diera a conocer que estaba en contra de que Nadine Heredia deje el Perú para acudir a la clínica Las Américas de Medellín.
Heredia buscaba abandonar el país entre el 29 de junio y el 2 de julio para someterse a un examen médico que le permita detectar posibles células cancerígenas.
Sin embargo, el Ministerio Público se opuso a este pedido porque la exprimera dama se encuentra involucrada en una investigación fiscal del caso de corrupción Gasoducto Sur Peruano, cuya hipótesis plantea que la empresa brasileña Odebrecht le habría entregado dinero de origen ilícito.
La Procuraduría Ad Hoc del Caso Odebrecht pidió anteriormente que Heredia y el expresidente Ollanta Humala paguen una reparación civil de más de un millón de dólares por este caso.
No es la primera vez que Heredia pide permiso para viajar a Colombia por motivos de salud y deniegan su solicitud. El juez Jorge Chávez determinó lo mismo que Carhuancho el pasado primero de junio. En esa ocasión, la investigada buscaba ausentarse del Perú hasta el domingo 4 de junio.
El magistrado concluyó que el documento médico presentado por Heredia no probaba el daño a su derecho a la salud.
En aquella ocasión, la exprimera dama no había informado sobre su requerimiento al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que sigue el juicio oral que enfrenta junto con su esposo, el expresidente Ollanta Humala.
Durante la audiencia, el juez Carhuancho también se pronunció acerca del señalamiento que hizo la Fiscalía porque Heredia incumplió con el registro de control biométrico. Para el magistrado, no hubo pruebas suficientes que respalden esta acusación, por lo que lo desestimó.
Tramitan entrega de dinero incautado por Caso Ecoteva
La entrega al Estado peruano de 6.6 millones de dólares que fueron incautados y congelados en Costa Rica, en el marco de una investigación que este país inició por el Caso Ecoteva, se viene tramitando, según la procuradora pública Ad Hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión.
En entevista con Canal N, la abogada explicó que anteriormente el gobierno costarricense inició una investigación por lavado de activos que ya fue archivada por el caso de corrupción que involucra al expresidente Alejandro Toledo. Durante esta indagación, este país inició un proceso administrativo para incautar el monto mencionado porque aseguraron que se utilizó su sistema financiero con el objetivo de guardarlo.
El Ministerio Público solicitó que el monto sea entregado porque le pertenecería al Perú, mientras que la Procuraduría Pública del Estado envió oficios a la Cancillería para que actúe como mediador entre el gobierno peruano y el gobierno costarricense.
“Entonces, ahorita están en las coordinaciones y en las gestiones que sí se tienen que hacer de país a país, para que ese dinero sea repatriado”, explicó Carrión.
Durante la misma entrevista, la representante legal del Estado peruano comentó que la reciente ley aprobada por el Congreso, que realiza modificaciones a Ley de Colaboración Eficaz desincentiva la participación de personas que tienen pruebas importantes en los casos de corrupción peruanos.
El reciente cambio aprobado por el Parlamento busca que los colaboradores eficaces entreguen información a cambio de un beneficio para ellos en solo 8 meses, tiempo demasiado corto, según Carrión. Por esto, se estaría perjudicando los 54 procesos de colaboración eficaz que se encuentran en trámite actualmente y a su vez los más de 100 casos que indaga el Equipo Lava Jato.
“Entonces, de repente (un colaborador eficaz) puede haber entregado la información y no concluir (un acuerdo con la Fiscalía) y se va a tener que archivar por el tema del plazo, que es el cambio que parte de manera neurálgica los procesos de colaboración. Entonces probablemente la evaluación del colaborador sea ‘si entrego la información en realidad no voy a llegar a un beneficio porque el plazo es tan corto que no voy a poder cerrar un acuerdo de colaboración’”, explicó.
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