Durante la gestión de Pedro Castillo, preso por su fallido autogolpe y acusado de liderar una red criminal desde el sillón presidencial, el Estado gastó 18,580 millones de soles en contrataciones públicas “sin proceso”, informó este jueves el contralor general de la República, Nelson Shack.
El monto fue destinado a compras iguales o inferiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT). “En consecuencia, es una contratación a dedo. No hay competencia, no hay pluralidad y hay poca transparencia, todos sabemos cómo funciona esta modalidad en el Estado, todo es una farsa que cumple con la normatividad”, dijo el economista durante una mesa de trabajo organizada por el Congreso.
Shack refirió que, en 2022, los contratos de bienes y servicios con proveedores escogidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) generaron un gasto total de 27,000 millones de soles, un 47% del total de gasto público en dicho período (57,500 millones).
Bajo su óptica, además de los procesos “a dedo”, existen otros grandes problemas que propician este panorama, como la excesiva cantidad de normas para contratar con el Estado, de modo que urge “un sistema más simple y estandarizado, basado en una sola normativa”.
El contralor también mencionó “el débil proceso de programación y planificación, que genera que no haya una idea clara de lo que se va a contratar en el Estado”, así como la poca cantidad de proveedores con experiencia, un cuadro que deviene en “precios muy caros” por la ausencia de “una competencia real de postores”.
“Inclusive, hay casos de tres postores que pueden pertenecer a un mismo dueño. La quinta problemática se debe a las debilidades en los procedimientos de selección y deficiente administración de los contratos”, matizó. De 2018 al año pasado, la Contraloría identificó unos 11,927 funcionarios involucrados en ilícitos como negociación incompatible, colusión y peculado.
“Hemos detectado muchas problemáticas que valdría la pena que sean analizadas ahora que se va a sacar una nueva Ley de Contrataciones y su reglamento, para que se trate de resolver estos problemas encontrados en las investigaciones”, dijo.
El ente que preside emitió, de igual manera, unas 22,925 alertas de riesgo a las entidades públicas sobre contrataciones, la mayoría relacionada con actos preparatorios (9236), procedimientos de selección (5402) y ejecución contractual (2039). El funcionario lamentó que solo para la mitad hubo medidas correctivas.
En rigor, el Gobierno de Castillo estuvo marcado por denuncias de corrupción, lavado de activos y concesión de contratos de obras públicas. Según la Fiscalía, su entorno familiar y político estuvo implicado en los ilícitos.
El exmandatario se encuentra encarcelado desde diciembre pasado, después de que intentara disolver el Congreso y gobernar por decreto. En la víspera, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada una apelación que buscaba anular estos cargos.
Castillo es investigado por presuntamente encabezar durante su Gobierno una organización criminal dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas. La investigación fue oficializada después de que el Congreso aprobara el informe final de una denuncia constitucional.
“Hoy, más que nunca, vuelvo a rechazar enfáticamente que jamás he liderado o sido parte de una red criminal, jamás he sido cómplice de un delito sin autor”, dijo el expresidente en una audiencia.
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