“Las relaciones sexuales tempranas ayudan” y otras aberraciones de congresistas que avalan el matrimonio infantil

Nueve meses después de que la legisladora no agrupada Flor Pablo presentara un proyecto de ley para eliminar el matrimonio infantil, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó el último viernes el dictamen que pone fin a estas uniones con menores, una problemática que expone a las niñas a violencia doméstica y las empuja a la deserción escolar, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La decisión abre la puerta a que la iniciativa sea derivada a la Comisión Permanente o que se ponga a debate en el siguiente pleno. Aunque Unicef celebró este “paso importante en las acciones necesarias para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes (NNA)”, un único congresista se abstuvo a la votación. Se trata de José Balcázar (Perú Bicentenario), acusado en el pasado de contratar como asesor al juez que lo absolvió en un caso por difamación y de libar licor durante la semana de representación.

En la última década, el país registró casi 5.000 matrimonios infantiles, 464 de los cuales involucran a menores de 16 años y seis, a menores de 11, 12 y 13 años; todas mujeres, según datos del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) difundidos por La República. La entidad no respondió al diario cómo logró inscribir estas últimas uniones ilegales. Aunque también hay niños que se casan antes de los 18 años, no es un cuadro común ni intervienen las mismas causales que para las niñas.

“Resulta que el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional. Hoy la gente no se casa, todas son uniones de hecho. Desde los 14 ya están embarazadas las chicas. Con la ley queremos prohibir aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad, ¿pero cómo?, si el sexo lo mantienen más allá de lo que se ha dicho aquí —que, en algunos casos, los padres las venden a las chicas en la selva”, dijo Balcázar al justificar su abstención.

“En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas, y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer. El problema es cómo prohibir el embarazo, falta educación sexual ahí. Pero el matrimonio es disfuncional, ¿qué hacemos con las personas que ya tienen hijos y que están conviviendo sin violencia siendo menores de 18 años?”, siguió.

“Las personas de 14 años para arriba son sumamente maduras e inteligentes a estas alturas del siglo XXI. Lo ha demostrado la psicología y criminología: cuando no hay violencia, son relaciones saludables, vitales para el desarrollo psicofísico de las personas. Sugiero que este proyecto vuelva a ser estudiado”, dijo el legislador.

En la misma sesión del año pasado, Gladys Echaíz (Renovación Popular) emitió una mirada que distaba de la discusión de fondo y señaló que son prácticas comunes y normalizadas, pese a que empujan a las menores a asumir roles que no les corresponden, como replicó su colega Ruth Luque (Cambio Democrático–JP).

“Si miramos la realidad de nuestro país, vemos que los menores desde temprana edad forman familias. Negar esa realidad a través de un mandato legal, o imponer que esa realidad se modifique a través de un mandato legal, es medio complicado. Eso es materia de políticas públicas de manera preventiva, que tienen que ver con la familia, la escuela, etcétera, pero no en la limitación de derechos de la persona”, mencionó.

En otro momento, la exfiscal general cuestionó: “¿Qué pasaría si la pareja vive con normalidad, pero por la ley estarían impedidos de casarse? Esa persona [la mujer] no podría pedir alimentos, no podría suceder en caso de muerte de su concubino; no podría ser parte de la sociedad de bienes que puede generarse a raíz de la unión de hecho”.

Posteriormente, Flavio Cruz (Perú Libre) adujo que es un tema cultural de las zonas rurales, donde el fenómeno se torna habitual, precisamente, por el embarazo precoz ―muchas veces a causa de abuso sexual―, la violencia familiar y la pobreza, según especialistas.

“No sé si se ha abordado [...], pero los matrimonios jóvenes en la sierra y selva son bastante comunes. No ha habido mejor nivel de comprensión de ese vínculo que significaría una matriz para constituir una familia. Es bien complicado”, señaló.

“En otros países ya se está pensando, y en algunos ya se aplica, la disminución a 16 años, la mayoría de edad, aunque no es común todavía”, anotó.

A inicios de 2023, por estas posturas que se rehusaban a poner foco en una problemática mayor —como la convivencia entre niñas y adolescentes con hombres adultos—, la votación del proyecto se vio frustrada y el grupo parlamentario, presidido por Américo Gonza, creó una mesa de trabajo integrada por Balcázar, Cruz y Echaíz, a la que se unió Wilson Soto (Acción Popular), conocido por proponer pena de muerte para imputados por sicariato, extorsión y robo agravado. El cuarteto jamás presentó su trabajo.

“Creo que nunca se han reunido. Les he enviado un oficio incluso para que me hagan llegar su producto, pero nada. No han trabajado en realidad”, confirmó Gonza a La República. Lima, Loreto, Callao, Piura y Lambayeque son las regiones con los indicadores más altos de matrimonios infantiles en un país que en 2020 alcanzó un pico de 845 uniones, casi tres por día, según Reniec.

Una vez lista, la iniciativa debe ser revisada por el Consejo de Ministros para su aprobación. No podemos permitir que nuestros menores sean sometidos a un fenómeno que perpetúa la desigualdad de género, la violencia y la marginación social”, tuiteó el antropólogo y excandidato presidencial Manuel Hilario, quien instó al Legislativo a respaldar la votación obtenida en la Comisión de Justicia y “actuar en concordancia con los principios de derechos humanos y protección de la infancia”.

“Es necesario promover campañas de concientización y educación para sensibilizar a la sociedad sobre los efectos perjudiciales de esta práctica. No podemos permitir que miles de niñas y niños vean sus sueños truncados”, siguió.

Gloria Montenegro y Ana Jara, extitulares del Ministerio de la Mujer, también han remarcado que estas uniones violan los derechos humanos fundamentales. Jara, incluso, mencionó que pueden verse “como una violación presunta, porque en materia penal (al menos doctrinalmente), así hubiera consentimiento es considerado delito y ella como víctima por la vulnerabilidad de su edad”.

La eliminación del matrimonio infantil en el horizonte de 2030 figura, de hecho, entre los Objetivos del Milenio, aunque Unicef advierte de que solo algunas regiones —principalmente las asiáticas— están mostrando progresos, mientras que África y Latinoamérica se mantienen casi estancadas en este aspecto en los últimos 25 años.

Un informe de la agencia de la ONU ya lo ha adelantado: si se desestiman acciones y no se frenan posturas antiderechos, la región puede convertirse en el “segundo nivel más alto de matrimonios tempranos para 2030, solo superada por África subsahariana”.