Congresistas y políticos que apoyan la maternidad en menores: una de las causas que conduce a terminar en un matrimonio infantil

El actual Congreso de la República ha sido sumamente cuestionado por impulsar normas que vulneran derechos de niñas, adolescentes y mujeres adultas. Dentro de estos se encuentra la eliminación de la educación sexual integral en la currícula escolar, el reconocimiento de los derechos del concebido y el rechazo a la despenalización del aborto en caso de violación sexual. Uno de los temas que se viene debatiendo es el matrimonio infantil. Durante todas estas sesiones se ha evidenciado la tolerancia de los ‘padre de la patria’ a la maternidad forzada y situaciones de violencia.

El Parlamento peruano tiene altos niveles de conservadurismo, pero ello no debería ser motivo para dejar de lado los derechos de las infancias y adolescencias que el Estado debe reconocer y garantizar. Pese a las preocupantes cifras de violencia contra mujeres de todas las edades, los legisladores continúan demostrando poco interés y conocimiento sobre la realidad de las miles de menores en el país.

Uno de estos congresistas es Edwin Martínez, de Acción Popular (AP), quien se mostró a favor de que una mujer víctima de abuso sexual continúe con el embarazo producto de este delito—aunque no lo desee— porque considera que ello la ayudará psicológicamente.

El parlamentario aseguró que la práctica del aborto es un maltrato que perjudica a la víctima tanto como lo hace la violación sexual. “Un niño puede sanar esas heridas, esas cicatrices, dejadas por algunos malditos violadores que hacen daño a muchas niñas, pero nadie tiene el derecho a quitarle la vida a un niño que está siendo concebido en el vientre de una madre”, dijo.

De acuerdo al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), entre el año 2020 y 2021 se registraron más de 1400 nacimientos de niñas de 10 a 14 años. Hablar de maternidades forzadas es también hablar del caso de Camila, una niña indígena que fue violada y obligada a continuar con su embarazo a sus cortos 13 años. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró que el Estado peruano violó sus derechos por no garantizarle acceso al aborto.

Durante el debate para aprobar la eliminación del matrimonio infantil en Perú, el parlamentario de José Balcázar, de Perú Bicentenario, justificó la unión en menores mencionando que es algo que sucede “en las ciudades grandes” y que supuestamente es beneficioso.

“La medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer. El problema es cómo prohibir el embarazo, falta educación sexual ahí. Pero el matrimonio es disfuncional, ¿qué hacemos con las personas que ya tienen hijos y que están conviviendo sin violencia siendo menores de 18 años?”, acotó.

Además, afirmó que las adolescentes que superan los 14 años tienen la madurez suficiente según “la psicología y la criminología”. “Cuando no hay violencia, son relaciones saludables, vitales para el desarrollo psicofídico de las personas”, aseveró.

Sin duda alguna, la unión entre menores de edad no es beneficioso. Save the Children considera el matrimonio infantil como una forma de violencia contra las mujeres porque vulnera sus derechos, la expone a situaciones de violencia e incrementa la posibilidad de muerte infantil y materna.

La extitular del Ministerio Público y actual congresista, Gladys Echaíz, justificó el matrimonio infantil al decir que la realidad de Perú es que los menores formen familias “desde temprana edad”.

Para la parlamentaria de Alianza Para el Progreso (APP), debe considerarse el matrimonio infantil porque garantiza el cumplimiento de ciertos beneficios legales. “¿Qué pasaría si la pareja vive con normalidad, pero por la ley estarían impedidos de casarse? Esa persona [la mujer] no podría pedir alimentos, no podría suceder en caso de muerte de su concubino; no podría ser parte de la sociedad de bienes que puede generarse a raíz de la unión de hecho”, aseguró.

Para Unicef, el matrimonio infantil es “el resultado de una arraigada desigualdad de género, lo cual afecta a las niñas de manera desproporcionada”. Aunque es cierto que es una práctica que se continúa registrando en la sociedad, no debería reducirse en simples costumbres.

“Con frecuencia, las niñas casadas se quedan embarazadas durante la adolescencia, lo cual incrementa el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, tanto para ellas como para sus hijos. Esta práctica también puede aislar a las niñas de su familia y sus amistades, así como restringir su participación en su comunidad, de modo que su bienestar físico y psíquico se ve gravemente afectado”, precisa.

Aunque pareciese que esta tendencia está únicamente en el Poder Legislativo, esto no es así. El actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respaldó la idea de que las víctimas de violencia sexual den a luz a sus hijos, aunque este no sea su voluntad.

“Lo que yo estoy planteando es que se haga lo de otros países. En España, por ejemplo, a una niña violada, se la manda a un hotel de lujo y con todas las atenciones del caso y los gastos son pagados por el Estado, también está la opción privada. A los nueve meses, la niña decide si quiere quedarse con el bebe. En Perú hay más de 200 mil parejas que no pueden tener hijos y que están buscando adoptar niños. Entonces, hay que darles esa oportunidad, no matemos a las criaturas”, indicó cuando aún era candidato al cargo.

Para el empresario, una violación no basta para “matar” una vida. Por ello, consideró que una solución a este problema sería la creación de “casas de acogida” para mujeres que hayan padecido de violencia e hijos que tendrían como producto del abuso sexual.

“Si defender la vida me hace conservador, pues que me digan conservador. No me importan las etiquetas. Lo fácil es matar, pero es injusto”, expresó.