Registro de llamadas de Pedro Castillo antes del golpe de Estado son clave para la investigación en su contra

La Fiscalía ha solicitado el levantamiento del secreto de comunicaciones del expresidente de la República

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Fiscalía pide el registro de
Fiscalía pide el registro de llamadas de Pedro Castillo entre el 2 al 16 de diciembre de 2022

Las investigaciones contra Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado continúan. Entre los más recientes pedidos de la Fiscalía destaca la del levantamiento del secreto de comunicaciones del exjefe de Estado, específicamente las llamadas que se hayan realizado entre el 2 al 16 de diciembre del año pasado. El periodo de tiempo corresponde a días antes del quiebre del orden constitucional a sus primeros días como detenido.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionariosha señalado que lo conversado en aquellas fechas resulta clave para la investigación contra el exmandatario quien es acusado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. La solicitud presentada ante las autoridades correspondientes, será atendida en una audiencia virtual programada para el 5 de julio.

Se espera que las empresas de telecomunicaciones emitan un reporte de las llamadas del investigado, sobre todo aquellas que fueron efectuadas previos al mensaje a la Nación con la que pretendió disolver el Congreso, hacerse del sistema de justicia, convocar a nuevas elecciones para la convocatoria de una Asamblea Constituyente y el inicio de un estado de excepción en el que tendrían una participación clave las Fuerzas Armadas.

Pedro Castillo dio un golpe
Pedro Castillo dio un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del 2022.

El encargado de atender el pedido será el magistrado Juan Carlos Checkley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. Una publicación de El Comercio ha señalado que la audiencia virtual se realizará de forma reservada el miércoles de la próxima semana desde las 11:30 a.m. Ambas partes deberán estar presentes para poder atender el pedido del Ministerio Público.

Durante los últimos seis meses se ha intentado conocer los pormenores que llevaron a que Pedro Castillo se dirigiera al país y anunciar el quiebre del orden constitucional. El controversial mensaje ocurrió semanas después de la salida de Aníbal Torres de la PCM y la llegada de Betssy Chávez Chino al mencionado cargo. Grabaciones de aquel día dan cuenta de la participación de la premier en el intento del golpe.

Presuntas motivaciones

En el intento por lograr que Pedro Castillo recupere su libertad, el rotativo equipo legal del expresidente ha barajado diversos motivos por los cuales este intentó hacerse del poder. Entre las más alarmantes resalta la idea de que el exjefe de Estado fue amenazado de muerte junto al resto de su familia lo que lo obligó a tomar la radical medida. El abogado Eduardo Pachas fue el encargado de dar detalles de lo señalado.

Abogados de Pedro Castillo apuestan
Abogados de Pedro Castillo apuestan por nueva estrategia legal y señala que el expresidente fue amenazado de muerte para dar el golpe de Estado

El presidente Castillo tuvo cuatro denuncias de muerte con denuncia policial. La primera es la de Rafael López Aliaga, que lo amenaza tanto a Cerrón como a Castillo públicamente y tiene que sacar unas garantías constitucionales para su vida. La segunda es por el periodista Dave Hernández Vilca, quien fue denunciado penalmente, se abrió proceso y hasta el día de hoy no hay sanción de nada”, apuntó.

La tercera habría ocurrido el mismo 7 de diciembre y habría sido “desde el Ministerio de Defensa hacia el presidente Castillo, porque ya se le había golpeado. Y la cuarta fue el 7 de diciembre a la 1.40 p. m. en la avenida Wilson, cuando están con fusil en mano para detenerlo”. Pachas mencionó también que “ya había un golpe de Estado sistemático por parte del Congreso” contra Castillo Terrones.

Para la defensa legal de Castillo, si este no cerraba el parlamento “se le iba a matar y luego a su familia se le iba a detener”. Adicionalmente, acusó sin pruebas a las Fuerzas Armadas de haberse coludido con los congresistas para facilitar la destitución del exmandatario y así darse la sucesión constitucional con la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.

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