El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, hizo un llamado a la presidenta de la República para que observe la autógrafa de ley N.º 565/2021-CR, la cual modifica el proceso especial de colaboración eficaz y que fue aprobada por el Congreso de la República el pasado 23 de junio.
El abogado expresó su preocupación por los posibles efectos negativos que esta modificación podría tener en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
“Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, solícita a la presidenta de la República, evalúe observar la autógrafa del PL Nº565/2021-CR al poner en riesgo la eficacia y éxito de la colaboración eficaz, y por ende, la defensa jurídica de los intereses del Estado”, se lee a través de la cuenta oficial de la institución en Twitter.
Además, explicó que el citado proyecto de ley da un plazo muy rígido al procedimiento de este mecanismo legal, y con ello, pone en peligro la eficacia y utilidad para la persecución del delito.
Colaboración eficaz
Como se recuerda, el Congreso de la República aprobó el dictamen que modifica los artículos 473,476-A y 481-A del Nuevo Código Procesal Penal, para, según este poder del Estado, fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz. La votación fue de 84 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones. También fue exonerada de una segunda votación con 81 votos a favor, 24 en contra y cinco abstenciones.
Según señala la propuesta: “Recibida la solicitud, el Fiscal podrá disponer el inicio del procedimiento por colaboración eficaz, ordenando las diligencias de corroboración que considere pertinentes para determinar la eficacia de la información proporcionada. En estos casos podrá requerir la intervención de la Policía Nacional del Perú para que, bajo su conducción, realice las diligencias de corroboración y eleve un informe policial”.
Adicionalmente, indica que los procesos, incluyendo las investigaciones preparatorias que se siguen contra el aspirante, continuarán con su tramitación correspondiente. El fiscal podrá celebrar reuniones con el aspirante en presencia de su abogado defensor, entre otros detalles. Pero acaso el cambio más notorio es el de los plazos. Antes no había un tiempo determinado, en tanto el dictamen pretende establecer un periodo de ocho meses.
Durante el debate, el congresista Américo Gonza Castillo, de Perú Libre, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, expresó la necesidad de guardar la reserva del proceso de colaboración eficaz.
“El fiscal provincial, superior o supremo a cargo de la investigación, según corresponda, tiene el deber de proteger el secreto o reserva de la totalidad del proceso de colaboración eficaz y el contenido de las declaraciones de los aspirantes a colaboradores, así como salvaguardar sus identidades, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal”, expresó el parlamentario.
Caso Cuellos Blancos en peligro
Rocío Sánchez, exfiscal del Caso Cuellos Blancos, advirtió la modificación realizada por el Congreso de la República, limita la colaboración eficaz debido a que el plazo de ocho meses es demasiado corto y dejaría fuera de carrera a todos los procesos de colaboración por los casos de mega corrupción vinculados a los sistemas políticos que se encuentran en trámite.
“El texto sustitutorio aprovecha una falencia del proceso actual con relación al plazo, porque el código actual no regula plazo establecido a la culminación de estos procesos especiales de colaboración eficaz”, señaló a Canal N.
Explicó que la trascendencia de la colaboración eficaz es el testimonio que dará quien se acoge a esta medida durante la investigación y en el juicio. “No es tanto la documentación que se maneja en estas primeras fases o etapas. Lo importante es el testimonio que va a dar el colaborador. Considero que el plazo que debe fijarse es de uno idéntico al proceso principal”, dijo.
Restitución del procurador
La Segunda Sala Constitucional Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima ratificó, en segunda instancia, la restitución de Daniel Soria en su cargo como procurador general del Estado.
De esta manera, el Poder Judicial respaldó la decisión tomada en octubre del año pasado.
Cabe recordar que Soria Luján presentó una medida cautelar en febrero de 2022 con el objetivo de asegurar el cumplimiento de una sentencia favorable y anular la resolución suprema 024-2022-JUS.
En su fallo, la sala señaló que la resolución en cuestión no especificó las causas específicas que llevaron a la destitución del demandante, limitándose únicamente a mencionar la causal de pérdida de confianza como motivo de dicha destitución.
“En ese sentido, el demandante no pudo ser removido del cargo bajo el sustento de pérdida de confianza, sino que dicha remoción solo debería de sustentarse en las causales objetivas previstas en el artículo 17.3 del Decreto Legislativo N.º 1326″, señaló.
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