Daniel Soria: PJ ratifica sentencia que anuló destitución y lo repuso como procurador general del Estado

La Segunda Sala Constitucional Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima ratificó la sentencia en primera instancia que anuló la destitución de Daniel Soria como procurador general del Estado, dispuesta por el expresidente Pedro Castillo y el exministro Aníbal Torres en febrero de 2022, y lo repuso en el cargo.

De esta manera, los jueces superiores Roberto Vílchez Dávila, Eduardo Armando Romero Roca y David Suárez Burgos confirmaron que la resolución suprema 024-2022 -JUS, que remueve a Soria Luján, fue ilegal. Ello debido a que se invoca la causal de pérdida de confianza para destituirlo cuando, de acuerdo a la normativa vigente, el procurador general del Estado no es un cargo de libre remoción, sino que es regulado.

De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1326, con el que se crea la Procuraduría General del Estado, el procurador general es nombrado por un periodo de cinco años, preside el Consejo Directivo de la entidad y puede ser retirado del puesto únicamente por “falta grave debidamente comprobada y fundamentada, previa investigación en la que se les otorgue un plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos”.

“La decisión de la remoción no tiene mayor motivación, ni explicaciones previas o razones sustentadas en la gestión que venía realizando el demandante como Presidente del Consejo Directivo, lo que constituye un ejercicio arbitrario de las competencias administrativas de la demandada que lesiona los derechos constitucionales del demandante, pues no pertenece a la clasificación de empleados de confianza que pueda ser removido de manera unilateral o por pérdida de confianza, sin expresar causal de remoción alguna”, alegan los magistrados.

Por ello, la Segunda Sala Constitucional Permanente de Lima concluye que la resolución suprema que firmaron el exmandatario Pedro Castillo y el exministro de Justicia, Aníbal Torres, “infringe el principio de legalidad”.

En diciembre de 2021, el procurador general del Estado, Daniel Soria, denunció ante la Fiscalía de la Nación al expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias a raíz de las reuniones del exmandatario con la empresaria Karelim López para supuesto direccionamiento de la buena pro del Puente Tarata III.

Tras la denuncia, el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, anunció que se revisaría el expediente del nombramiento de Soria.

Finalmente, un informe del Órgano de Control del Ministerio de Justicia concluyó, el 1 de febrero de 2022, que Daniel Soria supuestamente no cumple con la experiencia y los requisitos para asumir el máximo cargo en la Procuraduría General ni liderar la defensa jurídica del Estado.

Horas más tarde, en edición extraordinaria de El Peruano, Castillo Terrones y Torres Vásquez dieron por concluida la designación del procurador general del Estado.

En su reemplazo, el Gobierno designaría a María Caruajulca Quispe; sin embargo, en octubre del mismo año, fue retirada luego de que la Contraloría detectara que la referida abogada no presentó la declaración jurada “de no haber cometido faltas a la idoneidad en la defensa jurídica del Estado, no obstante que se encontraba comprendida en hechos denunciados que la involucraban y que vienen siendo evaluados por órganos que son dependientes de su despacho”.

Luego, el Ejecutivo nombró al abogado Javier León Mancisidor como nuevo titular de la Procuraduría, cargo al que dimitió al tercer día tras revelarse que tendría cercanía con el narcotraficante Fernando Zevallos, ‘Lunarejo’.