El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, adelantó este martes que su cartera no respaldará el proyecto de ley que limita y condiciona la figura de la colaboración eficaz, un instrumento implementado en diciembre del 2000 para investigar casos de crimen organizado y corrupción.
“Lo vamos a revisar y daremos nuestro informe. Con observaciones o sin observaciones, eso va a depender mucho de lo que haga el equipo. Pero lo que sí puedo garantizar es que desde [mi despacho] no se va a apoyar nada que favorezca la criminalidad”, remarcó en una entrevista con RPP.
Maurate detalló que el Ejecutivo todavía no ha recibido la autógrafa, cuestionada en la víspera por el procurador general Daniel Soria y un grupo de legisladores, quienes solicitan a la administración de Dina Boluarte observar esta iniciativa “que pone en peligro la protección jurídica de los intereses del Estado”.
En rigor, el proyecto señala que, desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz o su denegación, hay un plazo máximo de ocho meses y, solo por causas justificadas, el fiscal podría prorrogarlo hasta por cuatro meses.
Establece, además, que está prohibido corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con la declaración de otros aspirantes. A través de un comunicado, la Procuraduría indicó que este panorama “impone plazos rígidos al procedimiento de colaboración eficaz y, con ello, pone en peligro su eficacia y utilidad para la persecución del delito”.
De hecho, el fin de semana, cuatro congresistas ―Ruth Luque (Cambio Democrático), Raúl Huamán (Fuerza Popular), Héctor Acuña y Susel Paredes (no agrupados)― habían rechazado la norma y pidieron al Gobierno no promulgarla.
En una entrevista con El Comercio, Luque objetó que el Ministerio Público no haya emitido un pronunciamiento para “defender su competencia” frente a este proyecto impulsado por el parlamentario Américo Gonza (Perú Libre), mientras que el fujimorista Raúl Huamán —cuya lideresa, Keiko Fujimori, está sometida a investigaciones en donde han intervenido colaboradores eficaces— señaló que el Ejecutivo “debería analizarlo muy bien”.
“Creo que ellos lo revisarán despojados de algún tipo de incentivo para que regrese al Congreso y se vuelva a evaluar y dar un buen procedimiento, que no tenga opiniones antojadizas”, apuntó. De igual modo, Héctor Acuña y Susel Paredes mencionaron que la iniciativa “representa un peligro” y pone contra las cuerdas la lucha anticorrupción.
“Se golpea a las instituciones y, ahora, a los procesos. [El jueves] se aprobó el proyecto de ley que modifica el procedimiento de colaboración eficaz. Con ello, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado se ve seriamente afectada. Voté en contra. ¡Que se observe la autógrafa!”, tuiteó Paredes.
Bajo la óptica de Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, la colaboración eficaz es un instrumento relevante para detectar y desbaratar redes criminales, de modo que cualquier caso en curso se vería afectado con los cambios propuestos.
“En Lava Jato y Cuellos Blancos hay todavía negociaciones en curso. El universo de casos que se verían afectados es enorme. [El] resultado podría ser la impunidad de líderes políticos que están siendo investigados”, dijo a El Comercio.
De momento, el jefe de Gabinete, Alberto Otárola, también ha dado luces de lo que sería una decisión del Ejecutivo al señalar que “respaldará todas las medidas que refuercen” la lucha anticorrupción. “Es una bandera de la presidenta. Vamos a estudiar [la propuesta] para pronunciarnos”, mencionó.
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