Más de 2 mil denuncias por bullying siguen en espera: Minedu tiene una demora de hasta ocho años en la solución de casos

Un informe periodístico reveló la falta de respuesta por parte de los organismos gubernamentales ante las denuncias de violencia escolar en el país. El portal ‘SíseVe’ del Ministerio de Educación (Minedu) ha registrado un total de 2 mil 039 denuncias de estudiantes de diferentes niveles escolares que han sido víctimas de agresiones en diversas formas y que, a pesar de sus denuncias, la entidad no ha podido resolver hasta ahora.

Según diario ‘El Comercio’, los casos que se visualizan en dicha app del Minedu, fueron presentados entre el 2015 y marzo de este año. De esos reportes, existen cinco que llevan alrededor de ocho años sin resolverse.

Otro dato importante que se denuncia es que el 33% (19 mil) de las denuncian sindican a los profesores o personal administrativo de los centros de estudios de niveles escolares como los autores de las agresiones. Asimismo, en el 43% de las denuncias, las agresiones se dieron más de una vez.

Resulta aún más preocupante que debido a la demora del Ministerio de Educación para resolver los casos, muchas de las denuncias no obtendrán una falla a favor de las víctimas. En el 2020, el gobierno de turno publicó la Resolución Ministerial 274-2020 del Minedu donde se establece plazos para la atención de estos casos. Un especialista en violencia escolar sostiene que los casos merecedores de indemnizaciones que fueron denunciados ya caducaron.

¿Qué dice la norma? La misiva establece que, si el agresor es un profesor o personal administrativo, las autoridades tienen como plazo máximo resolver el caso en 60 días. Si se trata de un alumno como agresor, se debe dar solución al tema en un plazo de hasta 70 días.

Víctor Sausa, abogado especializado en violencia escolar de Alianza de Colectivos por Equidad en Derechos Humanos, explicó para el mencionado medio que, el Minedu, al no haber atendido estos casos, solo causa que las víctimas queden a merced de su agresor y que se genere un mensaje de impunidad. Además, los casos en los que se podría demandar una indemnización civil por daños y perjuicios prescriben a los dos años.

Desde el Ministerio de Educación respondieron que vienen gestionando la contratación de especialistas de convivencia escolar en cada dirección regional de educación y UGEL, quienes serán los encargados de supervisar los casos de violencia. De esta manera, reconocieron que existe una gran demanda para la atención a estos casos que excede la capacidad de los profesionales.

Asimismo, indicaron que han hallado nudos que causan una desactualizada información en las bases informativas de la entidad. Según detallan, el acceso limitado al internet en ciertas zonas peruanas, las distancias entre colegios y UGEL, el desconocimiento y falta de compromiso de los nuevos directivos, han podido ocasionar que en el portal continúe visualizándose casos, que si bien ya fueron resueltos, continúan figurando como “en proceso de atención”.

Se ha contabilizado un total de 44 mil 338 denuncias por violencia escolar entre los años 2015 al 2022. Habiendo en el año 2021, el número de casos más altos que no fueron atendidos: 1.451 denuncias de ese año preexisten, según el portal. Este año, las cifras podrían ser similares. Desde el inicio del 2023 hasta el 12 de mayo pasado hay 390 denuncias por violencia escolar en todo el Perú que hasta el momento no son atendidas.

La data también recogió que sólo en el año 2022, las regiones con más casos que no han sido atendidos por el Minedu, son: Lima (1.136), Piura (148), Lambayeque (108), La libertad (97).

Le siguen: Junín (86), Cusco (75), Arequipa (66), Loreto (64), Áncash (26), Cajamarca (26), Tacna (25), Amazonas (25), Ucayali (21), Ica (19), Huánuco (18), San Martín (18), Moquegua (13), Madre de Dios (11), Tumbes (11), Puno (4), Ayacucho (3), Apurímac (3), Pasco (2).

En caso de que un niño sea víctima de acoso escolar, los padres o tutores deben acudir al colegio del menor para investigar y abordar la situación con las autoridades escolares, directores y profesores. Estas figuras tienen la responsabilidad de proteger la integridad del menor en caso de maltrato o agresión por parte de sus compañeros.

Las autoridades escolares también tienen la responsabilidad de comprometerse con los padres de familia para implementar programas que contribuyan a reducir la violencia y el acoso escolar. En caso de que las autoridades escolares no actúen, el padre o tutor de un menor que está sufriendo acoso escolar puede dirigirse a la comisaría más cercana en busca de ayuda y asesoramiento.