Yesenia Ponce, la exlegisladora fujimorista acusada de adjuntar información falsa sobre sus estudios secundarios en la hoja de vida que presentó al jurado electoral para los comicios de 2016, quedó oficialmente inhabilitada este domingo para ejercer cargos públicos por la próxima década.
Una resolución legislativa publicada en el diario El Peruano establece la formación de la causa penal por los supuestos delitos de cohecho activo, falsificación de documentos y falsedad genérica; y una segunda dispone su inhabilitación por infringir el artículo 38 de la Constitución.
Los dispositivos legales, aprobados por el pleno la semana pasada, llevan las rúbricas del presidente del Congreso, José Williams, y de la primera vicepresidenta, Martha Moyano.
Previamente, la exparlamentaria había solicitado reprogramar el debate y su defensa por presentar “neumonía y dengue”, pero su requerimiento fue desestimado porque no presentó un informe médico que avalara el diagnóstico.
Yesenia Ponce, quien también integró las tiendas de Cambio 21 y Peruanos por el Kambio (PPK), protagonizó en el pasado un episodio peculiar por su postura férrea al intentar menoscabar una denuncia en la Comisión de Ética sobre el presunto pago de 10 mil soles para recibir a cambio certificados de estudio adulteraros, que incluyeron compañeros “fantasmas”.
El caso fue denunciado por su exasesor, Aldo Rodríguez, a quien acusó de extorsión. Durante sus presentaciones ante la cámara, la excongresista ofreció disculpas y siempre negó el abono ilícito al exdirector del colegio Mariscal Toribio Luzuriaga de Puente Piedra para que obtener documentos que permitieran defender su versión.
En 2018, durante una entrevista en Punto Final, rompió en llanto al mencionar que vivió una supuesta condición de extrema pobreza en su infancia y adujo, además, que las acusaciones eran producto de una venganza y “perseguimiento”.
“Lo diría si yo hice mal, si yo mentí, yo lo diría, no tendría miedo y diría perdón, si lo hice, pero ¿por qué asumir algo que no lo he hecho?”, dijo entre sollozos.
Cuando el periodista le preguntó por sus dos camionetas de más de 45 mil dólares y un sueldo mensual de 15 mil soles, Ponce señaló que era “pobre de corazón”, unas declaraciones que abrieron nuevamente la polémica. En abril de ese año, la Comisión de Ética, presidida entonces por una legisladora de la tienda naranja, archivó las denuncias en una acción de blindaje, pero fueron reabiertas en la siguiente gestión.
Inicialmente, Ponce sostuvo, ante el Jurado Electoral Especial de Huaraz, que había terminado sus estudios en 1995 y 1996. Sin embargo, al cotejar la legalidad de los certificados, los medios periodísticos hallaron que en esa época su institución todavía no contaba con licencia ni permiso para enseñar nivel secundario.
En marzo del año pasado, ya lejos de la esfera pública, la exparlamentaria fue acusada de estafa por Héctor Obregón, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pira (Áncash). Según la denuncia difundida en Punto Final, ella se acercó hasta el funcionario para ofrecerle ayuda con la compra de un tractocamión, un vehículo comercial valorizado en más de 500 mil soles.
Al inicio, de acuerdo con el testimonio de Obregón, la exlegisladora requirió 200 soles mil con los que conseguiría el movedor primario. El burgomaestre reunió el dinero con ahorros y préstamos, pero el vehículo nunca llegó y el dinero desapareció. Meses después, Ponce convencería a la autoridad local de entregarle 40 mil soles adicionales para ayudarlo a autorizar la construcción de una carretera en Pira.
Al igual que con el tractor, y pese a recibir los expedientes, Ponce nunca realizó la gestión. Cuando Obregón decidió denunciarla, le aseguró que podría comprometerse por su puesto como alcalde y por la investigación fiscal que enfrentaba.
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