El último sábado 24 de junio, la presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó hasta la localidad de Sachabamba, en Ayacucho, para una visita de trabajo como parte de su agenda presidencial por el Día del Campesino. Como era de esperarse, parte de la población ayacuchana criticó su presencia en el lugar donde murieron 10 personas durante las protestas antigubernamentales pasadas.
Yovana Mendoza, vicepresidenta de la Asociación de Víctimas de Ayacucho — un grupo de personas que fueron afectadas por la presunta represión policial en el gobierno de Boluarte Zegarra — rechazó la presencia de la mandataria debido a que hasta la actualidad no se ha disculpado por los decesos causados en diciembre del 2022.
“Para las víctimas y para toda la población ayacuchana entera, es decepcionante que esa señora tenga el descaro de venir aquí. Nosotros nos sentimos ofendidos con esa señora, es una ofensa que venga al lugar de los hechos, donde ha asesinado y cometido una masacre”, sostuvo la mujer que fue consultada por la prensa local.
“¿Qué piensa, que nosotros acá [en Ayacucho] la queremos y que la vamos a recibir? Es por eso que sabe muy bien que iba a ser mal recibida y se ha escapado a la población de Sachabamba”, mencionó Mendoza y agregó que hasta el momento “no se ha dado el tiempo de pedirnos disculpas o perdón”.
Según Mendoza, la presidenta ha decidido “escapar” a Sachabamba para eludir las protestas que estaban programadas en otro lugar. Incluso afirmó que el Gobierno entregó 70 soles a las personas que le dieron “la bienvenida”. Mendoza criticó esta acción aludiendo: “La señora [Boluarte] está tratando de ganarse a la población de Sachabamba llevándoles regalitos, prometiendo títulos de propiedad”.
Las muertes que se le atribuyen a Dina Boluarte
Como se recuerda, luego del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, el pasado 07 de diciembre del 2022, que desencadenó su vacancia presidencial y posterior captura policial, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, asumió el poder, según lo establecido en las Constitución peruana.
Las peruanos de las regiones del sur no aceptaron la sucesión de Boluarte y la consideraron “usurpadora” y “traidora”, pese que en el Perú se siguió la orden constitucional. Fue entonces que se desató una ola de protestas contra el actual gobierno. En varias ciudades, los pobladores salieron a exigir la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la reposición de Pedro Castillo a la presidencia del país.
Sin embargo, las manifestaciones comenzaron a tornarse violentas. Los que reclamaban exigían a todos sus vecinos a salir en protesta, incluso algunos presuntos infiltrados, quemaron comisarías, saquearon supermercados, entre otros actos vandálicos que fueron registrados. Hubo también excesos de parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Es así que, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, se registraron un total de 67 personas fallecidas, entre ellas menores de edad y un policía.
La represión ha dejado al menos 50 muertos, de los cuales una veintena son por impactos de bala disparados por las fuerzas militares, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dina Boluarte está siendo investigada preliminarmente por el Ministerio Público peruano debido a las acusaciones de presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
La mandataria ha negado tener responsabilidad directa en la represión desproporcionada del Estado, argumentando que no tiene un control directo sobre las decisiones tomadas por los comandos de las fuerzas de seguridad.
Actualmente, la presidenta goza de un 80% de desaprobación por su gestión, según un sondeo urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Con esta información, se destaca que el 50% de los encuestados consideran que la gestión de Boluarte es, incluso, peor a la de Pedro Castillo.