El 80% de la población peruana desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte y el 91% al Congreso, unas cifras que colocan la legitimidad en mínimos históricos, según un sondeo urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que difunde este domingo La República.
El estudio, en el que participaron 1.209 entrevistados, revela que más de la mitad de peruanos considera a la administración de Boluarte peor que la de Pedro Castillo, cuya destitución y encarcelamiento después del golpe fallido autogolpe produjeron una ola de manifestaciones.
La represión ha dejado al menos 50 muertos, de los cuales una veintena son por impactos de bala disparados por las fuerzas militares, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En términos comparativos, la macrozona que varió su percepción sobre el Ejecutivo es el centro. De percibir una aprobación de 21% en el estudio realizado en mayo, el apoyo a la presidenta pasó a solo 7%, lo cual se proyecta en una reducción de 3% del total de la aprobación nacional, que llega apenas a 12%.
Estos números, según la encuesta, tendrían un correlato directo con la evaluación ciudadana sobre el medio año de Boluarte en el sillón presidencial: el 67% de los peruanos consideró como “mala” o “muy mala” su gestión, que tuvo la peor evaluación ciudadana en abril pasado.
El ya rechazado Legislativo, en tanto, mantuvo su desaprobación por encima del 90%, con variaciones en el centro del país (+22) y Lima Metropolitana (+17%), aunque las macrozonas oriente, norte y sur aumentaron su reprobación en 9%, 8% y 5%, respectivamente.
La encuesta, publicada un día después de la marcha ‘Contra la dictadura congresal y gobierno cómplice’, coincide con la reanudación del debate sobre el adelanto electoral, luego de que Boluarte considerara que es un tema cerrado y que se apresta a gobernar hasta julio de 2026.
La mandataria, investigada por presunto genocidio, salió al paso de los movimientos opositores que planean en los próximos días marchar hacia la capital desde diversas regiones.
Los organizadores, entre ellos la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, preparan la Tercera toma de Lima, en alusión a dos marchas de protesta realizadas en los primeros meses del año en las que exigieron su dimisión y nuevos comicios.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tomó protagonismo en el asunto a raíz de una entrevista con Panorama, donde señaló que el adelanto de elecciones “es algo latente”, contrario a la postura de Boluarte, tras lo cual la jefa de Estado desafió a la tienda naranja a ponerlo en agenda nuevamente.
“Si la señora [Fujimori] ha salido con esto [otra vez], le sugiero que su bancada lo vuelva a plantear porque nosotros como Ejecutivo ya lo sugerimos dos veces y ahí quedó. Que Fuerza Popular sea quien [lo] plantee y, al día siguiente de aprobarse en el Congreso, estaremos convocando a elecciones generales”, dijo.
A inicios de año, el Ejecutivo presentó al Congreso dos proyectos para adelantar las elecciones a 2024 (abril y diciembre), pero ambos fueron rechazados por falta de consenso. De igual modo, el Legislativo elevó una serie de propuestas, aunque tanto la Comisión de Constitución como el pleno rechazaron hasta marzo pasado por lo menos cinco intentos de adelantar los comicios para diciembre de este año.
Mientras que las bancadas de izquierda condicionaron su apoyo a que se incluya la consulta sobre una Asamblea Constituyente, los congresistas de derecha aseguraron que primero se debía discutir e implementar una serie de reformas constitucionales, entre ellas el regreso a un Parlamento con las cámaras de Senadores y Diputados.
El adelanto electoral también ha abierto la expectativa sobre una posible cuarta candidatura de Fujimori, quien enfrenta una petición fiscal de 30 años de cárcel como supuesta cabecilla de una organización criminal dedicada al lavado de activos.
La política, su exesposo Mark Vito Villanella y otros seis colaboradores de su partido están impedidos de salir del país durante 36 meses, según la orden del juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional.
El caso Cócteles cuenta con 41 presuntos implicados y está relacionado con el lavado de activos alrededor de la empresa constructora para presuntos aportes para campañas políticas y ha sido investigado por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público.
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