Cuatro legisladores invocaron este sábado al Ejecutivo a observar el proyecto de ley que limita y condiciona la figura de la colaboración eficaz, un instrumento implementado en diciembre del 2000 para investigar casos de crimen organizado y corrupción.
El pedido fue liderado por la legisladora Ruth Luque (Cambio Democrático) y secundado por Raúl Huamán (Fuerza Popular), Héctor Acuña y Susel Paredes (no agrupados), quienes rechazaron la iniciativa respaldada por Acción Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial y el fujimorismo, bancadas con investigados por declaraciones de colaboradores eficaces.
Luque, integrante de la Comisión de Justicia, indicó a El Comercio que iba a presentar una reconsideración de la votación, pero cambió de postura por la cantidad de adhesiones a la norma, evaluada por la Procuraduría y cuestionada por el sistema de administración de justicia.
La congresista objetó que el Ministerio Público no haya emitido un pronunciamiento para “defender su competencia”, y estimó que “parece que no le importara contradecirlo”.
Por su parte, el fujimorista Raúl Huamán —cuya lideresa, Keiko Fujimori, está sometida a investigaciones en donde han intervenido colaboradores eficaces— señaló que el Ejecutivo “debería analizar muy bien” la autógrafa.
“Creo que ellos lo analizarán despojados de algún tipo de incentivo para que regrese al Congreso y se vuelva a evaluar y dar un buen procedimiento, que no tenga opiniones antojadizas”, apuntó.
De igual modo, Héctor Acuña y Susel Paredes mencionaron que la iniciativa “representa un peligro” y pone contra las cuerdas la lucha anticorrupción.
“Se golpea a las instituciones y, ahora, a los procesos. [El jueves] se aprobó el proyecto de ley que modifica el procedimiento de colaboración eficaz. Con ello, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado se ve seriamente afectada. Voté en contra. ¡Que se observe la autógrafa!”, tuiteó Paredes.
En rigor, la propuesta impulsada por Américo Gonza (Perú Libre) señala que, desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz o su denegación, hay un plazo máximo de ocho meses y, solo por causas justificadas, el fiscal podría prorrogarlo hasta por cuatro meses.
Establece también que está prohibido corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con la declaración de otros aspirantes. Bajo la óptica del exprocurador Luis Vargas Valdivia, se trata de un “absurdo” pues “el plazo de verificación [de colaboración eficaz] es el plazo del proceso”.
“Es decir, qué sentido tendría poner un plazo de ocho meses cuando los procesos de colaboración toman un tiempo”, dijo a El Comercio antes de precisar que la norma atentaría contra un procedimiento que le da validez a la información obtenida.
“Los procesos de colaboración eficaz del caso Keiko Fujimori [por ejemplo] tienen por lo menos un par de años. La verificación implica una serie de actuaciones y diligencias. La Fiscalía no solo tiene que investigar los hechos materia de la carpeta fiscal, sino realizar las investigaciones para corroborar la información. El plazo es el del proceso. Fijar plazos es ‘acorsetar’ para evitar la validez y la capacidad de uso de ese instrumento”, especificó.
Por su parte, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, reiteró que la colaboración eficaz es un instrumento relevante para detectar y desbaratar redes criminales, de modo que cualquier caso en curso se vería afectado con los cambios propuestos.
“En Lava Jato y Cuellos Blancos hay todavía negociaciones en curso. El universo de casos que se verían afectados es enorme. [El] resultado podría ser la impunidad de líderes políticos que están siendo investigados”, remarcó.
De momento, el jefe de Gabinete, Alberto Otárola, ha dado luces de lo que sería una decisión del Ejecutivo al señalar que “respaldará todas las medidas que refuercen” la lucha anticorrupción. “Es una bandera de la presidenta. Vamos a estudiar [la propuesta] para pronunciarnos”, anticipó.
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