Secuestros en Perú: la lucha contra la impunidad y la inseguridad ciudadana continúa

Fueron entre 15 a 20 minutos aproximadamente que se frustró el secuestro esta semana en Los Olivos, el cual pone en alerta del preocupante panorama que atraviesa el país acerca de la inseguridad ciudadana. Esta vez, el acto delictivo se pudo evitar, pero hubo otros casos similares que lamentablemente no se logró su rescate y fueron hallados sin vida.

Angustia y desesperación es lo que vive cada familia que tuvo que pasar por un hecho parecido al saber que su ser querido está en peligro. De esta manera, las organizaciones criminales se han instalado en el país y, cada día, ganan terreno a través de las extorsiones, amenazas y otros medios operativos.

De acuerdo con los datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), el número de secuestros en el mes de mayo tuvieron un incremento. Sin embargo, en junio se ha visto una reducción de los casos solo en Lima, pero existen otros delitos que no descienden.

Por su parte, las nuevas autoridades regionales y locales están a punto de cumplir seis meses de su gestión, pero no se concluye con ningún plan que ayude a disminuir los casos de inseguridad de los ciudadanos. Desde Congreso de la República se dio luz verde para que los serenos, de forma facultativa, puedan utilizar armas no letales, pero este no sería una solución, sino un riesgo contra su propia vida.

Infobae Perú dialogó con César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), quien argumenta que los secuestros empiezan con un seguimiento de varias semanas por parte de los delincuentes.

El especialista también refiere que la primera condición de los secuestradores es no avisar a las autoridades. Caso contrario, atentan contra la vida de la víctima, pero en muchas ocasiones se ha pagado los rescates cuando fue asesinado.

Además, explica lo peligroso que se ha vuelto exponer nuestras vidas a través de las plataformas digitales. En muchas ocasiones se realizan en tiempo real, por lo que damos información a la banda criminal.

De acuerdo con la lista del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, existen 21 personas que se encuentran prófugos de la justicia por el delito de secuestro. Las recompensas oscilan desde los 10 mil hasta los 25 mil soles, pero aún no son ubicados.

Tal es el caso de la familia de Pio Teodoro Mejía Raza (38), a quien lo golpearon y lo subieron a un vehículo en diciembre de 2016. Desde esa fecha no se supo nada de este hombre hasta el 2018, fecha que se le encontró sus restos óseos en un cerro conocido como ‘La Mina’. El ganadero habría sido torturado, descuartizado e incluso quemado.

Han pasado cerca de siete años, pero todavía los culpables no son sentenciados. Uno de ellos es Aníbal Rau Rau, por él ofrecen 10 mil soles ante cualquier información de su paradero. Al igual existen otros 20 que están involucrados en este tipo de casos y aún no responden por el delito de secuestro.

Otros de los casos que más impactaron fue el del joven odontólogo, a quien lo secuestraron cuando había ido a comprar algunos medicamentos. Christian Quispe estaba siendo buscado intensamente, pero un mensaje de los extorsionadores se confirmó que estaba en manos de delincuentes.

Las reiterativas amenazas eran recibidas junto a videos del profesional. Sin embargo, luego de casi una semana de su desaparición el cuerpo fue hallado en la Panamericana Sur. Un impactante material audiovisual fue compartido con la familia, donde Quispe pedía a su padre que paguen por su rescate mientras era golpeado.

En este asesinato, la principal sospecha de brindar información del especialista habría sido Jorgelys Viloria Martínez de 26 años, una ciudadana venezolana. Ella conocía perfectamente a Quispe, según confirmó una de las empleadoras.

Viloria Martínez se habría encargado de vigilar a la víctima en el secuestro y tortura. No obstante, se encuentra prófuga de la justicia y con un orden de captura, debido a que el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva. Hasta el momento, solo se ha capturado a un involucrado en el hecho.

Mientras que Paulo Ademhir Huansi Loayza se convirtió en otra de las víctimas que pudo ser rescatado a tiempo por la PNP. El empresario fue secuestrado en su propio local, quien fue ubicado en San Martín de Porres en situación inhumana. Los delincuentes habían alquilado un cuarto desde hace varios meses y era ahí donde cometían sus delitos.

“Lo que se quiere es proteger la vida de los serenos que se enfrentan a la delincuencia y muchas veces son agredidos”, dijo en su intervención Américo Gonza, congresista de Perú Libre.

El proyecto del uso de armas no letales se aprobó por insistencia en el Parlamento. Es así como cada municipio podrá adquirir las herramientas de acuerdo con su presupuesto. Sin embargo, el presidente de Aprosec califica una “grave” situación.

“Eso no sirve. Lo que han hecho estos congresistas, que son impresentables totales, [es decir] estamos trabajando en temas de seguridad ciudadana”, sentenció.

Ante ello, cuestionó en referencia de qué o cómo hubiera actuado el personal de Serenazgo en una situación similar para abatir a los secuestradores. Esto debido a que no se encuentran preparados para estos casos. “No están en ese nivel, en esa altura, ni lo estarán nunca”, agregó.

“Yo no sé por qué los alcaldes se han metido en la cabeza que ellos podrían, digamos, ocupar o participar en situaciones tan extremas como las que estamos conversando. [Los serenos] son para las incidencias que no están armas de fuego presentes. El espíritu de un sereno es preventivo, orientador de su comunidad, de la gente”, explicó.