Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, firmó por el adelanto de elecciones

La magistrada se unió a la campaña de recolección de firmas que busca el adelanto electoral al 2024 a través de una consulta popular. “Nuestro país no puede seguir como está”, señaló.

La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, se unió este jueves a la campaña de recolección de firmas que busca el adelanto electoral al 2024 a través de un referendo, una iniciativa liderada por el Partido Morado y otras 36 organizaciones.

“Estoy suscribiendo el pedido de adelanto de elecciones. Nuestro país no puede seguir como está, con crisis política, con un débil crecimiento económico, con una inseguridad ciudadana, y nuestros representantes son indolentes al reclamo ciudadano”, señaló la magistrada en un clip difundido en Twitter.

Jarek Tello, representante legal del Partido Morado, señaló que el respaldo de Ledesma “es un gran paso para esta lucha”, a la cual define como “un primer proceso político para unificar el sentir mayoritario de la ciudadanía”.

El movimiento pretende reunir unas 75.000 firmas (0,3% del padrón electoral) para plantear una consulta popular que, además, necesitaría el visto bueno de al menos 66 legisladores.

Dina Boluarte podrá gobernar de manera remota cuando viaje al extranjero. Foto: Andina

Las elecciones anticipadas, un reclamo de las propuestas antigubernamentales que estallaron en diciembre, han vuelto al debate esta semana después de que la presidenta Dina Boluarte señalara que es un tema “cerrado”, con lo cual se apresta a gobernar hasta julio de 2026.

La mandataria, investigada por presunto genocidio después de sustituir al encarcelado Pedro Castillo, salió al paso de los movimientos opositores que planean en los próximos días marchar hacia la capital desde diversas regiones.

Los organizadores, entre ellos la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, preparan la Tercera toma de Lima, en alusión a dos marchas de protesta realizadas en los primeros meses del año en las que exigieron su dimisión y nuevos comicios.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tomó protagonismo en el asunto a raíz de una entrevista con Panorama, donde señaló que el adelanto de elecciones “es algo latente”, contrario a la postura de Boluarte, tras lo cual la jefa de Estado desafió a la tienda naranja a ponerlo en agenda nuevamente.

Dina Boluarte emplaza a Keiko Fujimori por adelanto de elecciones. Canal N

“Si la señora [Fujimori] ha salido con esto [otra vez], le sugiero que su bancada lo vuelva a plantear porque nosotros como Ejecutivo ya lo sugerimos dos veces y ahí quedó. Que Fuerza Popular sea quien [lo] plantee y, al día siguiente de aprobarse en el Congreso, estaremos convocando a elecciones generales”, dijo.

A inicios de año, el Ejecutivo presentó al Congreso dos proyectos para adelantar las elecciones a 2024 (abril y diciembre), pero ambos fueron rechazados por falta de consenso.

De igual modo, el Legislativo elevó una serie de propuestas, aunque tanto la Comisión de Constitución como el pleno rechazaron hasta marzo pasado por lo menos cinco intentos de adelantar los comicios para diciembre de este año.

Mientras que las bancadas de izquierda condicionaron su apoyo a que se incluya la consulta sobre una Asamblea Constituyente, los congresistas de derecha aseguraron que primero se debía discutir e implementar una serie de reformas constitucionales, entre ellas el regreso a un Parlamento con las cámaras de Senadores y Diputados.

El adelanto electoral también ha abierto la expectativa sobre una posible cuarta candidatura de Fujimori, quien enfrenta una petición fiscal de 30 años de cárcel como supuesta cabecilla de una organización criminal dedicada al lavado de activos.

La política, su exesposo Mark Vito Villanella y otros seis colaboradores de su partido están impedidos de salir del país durante 36 meses, según la orden del juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional.

El caso Cócteles cuenta con 41 presuntos implicados y está relacionado con el lavado de activos alrededor de la empresa constructora para presuntos aportes para campañas políticas y ha sido investigado por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público.

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