Uno de los grandes problemas de la humanidad es que los recursos son limitados y, dado esto, nuestro comportamiento toma la forma de elección sobre dichos recursos para conseguir fines u objetivos, conscientes de que estamos sacrificando otros, debido a esa condición. Así es como seguramente llegamos a la definición de economía, la ciencia que estudia la asignación de los recursos limitados para fines ilimitados. Es decir, cómo hacer un uso eficiente de los recursos escasos.
Entonces, si sabemos que los recursos son limitados, naturalmente, es tarea de los tomadores de decisiones, Estado, empresas, familias y personas, hacer un uso eficiente de ellos, de tal manera que satisfagan las necesidades, urgencias, requerimientos, y pagos de quienes corresponde.
El Estado, particularmente, con el propósito de atender a la población vulnerable, cuenta con una serie de programas sociales o asistenciales, para lo cual realiza (o debería de realizar) un ejercicio de focalización de los recursos públicos. Esto significa dirigir tales recursos a un grupo de beneficiarios seleccionados según el criterio de pobreza. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las políticas de focalización del gasto social tienen como objetivo priorizar este sobre la población más pobre, bajo el supuesto que, con ello, se concentra en las personas que más pueden beneficiarse y así se ahorran recursos que podrían haber sido asignados a aquellos que no requieren una intervención estatal.
Uno de los programas sociales con los que cuenta el Estado peruano es el Programa del Vaso de Leche (PVL), mediante el cual se entrega una ración diaria de alimentos a una población en condición de pobreza o pobreza extrema. Sin embargo, a nivel nacional, más de la mitad de los beneficiarios no cumple dicha condición, es decir, se terminan usando recursos en quienes no corresponde, a los que técnicamente podemos llamar infiltrados.
De acuerdo con estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), en 2022, el PVL atendió 993,798 hogares, de los cuales 554,535 (55.8% de los beneficiados) no estaban en condición de pobreza. Y si analizamos lo que sucede en el interior del país, veremos que existen departamentos como Ica, Lambayeque, Madre de Dios, Tumbes y Tacna, donde los niveles de filtración son del 89.4%, 83.5%, 79.5%, 71.6% y 70.7%. Si bien es cierto que en Lima se registra la mayor cantidad de hogares no pobres que acceden al PVL, con 141,369 hogares infiltrados, también estos se presentan en Piura (37,353), Junín (33,798), Puno (32,487) y Cajamarca (30,586).
Asimismo, si se considera el costo promedio por beneficiario del PVL en 2021, que incluye los gastos de alimentos, servicios, personal y otros, durante 2022 se habría gastado más de S/ 211 millones en hogares que no debieron haber accedido al programa por no cumplir con la condición de pobreza o pobreza extrema.
La responsabilidad de este gran nivel de infiltraciones recaería sobre las municipalidades, que son las encargadas de implementar el programa, pues seleccionan a los beneficiarios y envían un registro de estos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis); pero también sobre el propio ministerio, puesto que no estaría corroborando las condiciones de los hogares beneficiados. No obstante, deberíamos incluir a los hogares más próximos a la línea de pobreza, quienes tendrían incentivos para declararse como pobres, con tal de acceder al programa.
Una mala focalización en la atención de programas sociales se traduce en menores recursos para la población que realmente los necesita. Un nivel de infiltrados por encima del 50% no es poca cosa.