El pleno del Congreso aprobó esta tarde acusar constitucionalmente e inhabilitar a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, para el ejercicio de la función pública por cinco años. La denuncia fue impulsada por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) y Javier Pacheco, ex procurador público especializado en delitos de corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Asimismo, fue hecha suya por la parlamentaria Gladys Echaíz (Renovación Popular).
Precisamente, este miércoles 21 de junio, la actual fiscal suprema acudió al Palacio Legislativo junto a su abogado para ejercer su derecho a la defensa. Durante su participación, Ávalos sostuvo que la denuncia en su contra carecía de fundamento constitucional y jurídico.
“La denuncia en mi contra no tiene ningún sustento ni fundamento constitucional jurídica, por el contrario se pretende cuestionar mis decisiones jurídicas y desempeño funcional en base a pareceres de índole político”, refirió.
El argumento de la mayoría del Congreso señalaba que la ex jefa del Ministerio Público habría decidido suspender las investigaciones preliminares iniciadas en enero de 2022 contra Pedro Castillo por los casos Provías, Petroperú y ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.
Asimismo, se consideró la presunta inacción de Ávalos frente a diversos “hechos irregulares con características delictivas” que se habrían producido durante el gobierno del exmandatario. Entre ellos se mencionan presuntos pagos realizados por Karelim López a Castillo a través del ex secretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco.
En un momento de su defensa, la acusada arremetió contra Gladys Echaíz, quien también fue fiscal de la Nación. “Acá se encuentra la exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz, quien amparada en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, archivó dos denuncias constitucionales contra el presidente Alan García, una de ellas relacionada con el tema Petroaudios”, señaló.
Recalcó que dicha posición fue cambiada por su gestión en el año 2020, lo que marcó un hito histórico en su gestión. Luego, agregó que durante 39 años de los 42 años de vida institucional en el Ministerio Público, todos los fiscales de la Nación que le antecedieron archivaban de plano las denuncias que involucraban a presidentes en funciones.
“No se iniciaba, y menos se realizaba investigación alguna. Todas las investigaciones era rechazada preliminarmente. ¿Esto qué implicaba? Impunidad pura, en razón que no solo no se investigaba al presidente, sino que tampoco se le investigaba al dejar el cargo”, expresó Ávalos.
Echaíz le respondió señalando que todo era mentira. “Cómo confiar en una fiscal”. Refirió que la denuncia a la que se refería donde se denuncia al presidente Alan García por la comisión de atentados a los derechos humanos. “Se archivó porque el Congreso de la República investigaba estos hechos. Era el Congreso quien tenía la competencia, carecía de objeto que se haga una doble investigación”, apuntó.
Infracción constitucional
El documento, que recomendaba inhabilitar a Ávalos Rivera por la presunta infracción constitucional del artículo 159 (inciso 4) de la Constitución Política, obtuvo 71 votos a favor, 15 en contra y ocho abstenciones.
Asimismo, el proyecto de resolución legislativa que acusa a la fiscal suprema por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales fue aprobado con 73 votos a favor, 12 en contra y 8 abstenciones.
El expediente con la acusación constitucional será enviado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que proceda conforme a sus atribuciones, anunció el presidente del Parlamento, José Williams.
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