La legisladora y exministra de Cultura, Silvana Robles, presentó este jueves su carta de dimisión a la bancada de Perú Libre, un día después de que el pleno del Congreso aprobara acusar e inhabilitar por cinco años a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
“A dos años de gobierno, diferencias sustanciales de política nacional me impusieron la crucial decisión de mi renuncia irrevocable, ratificando mi compromiso y lealtad con el pueblo que al que me debo [...] No puedo aceptar la unión contra natura con el fujimorismo, responsable de la inestabilidad política en el Perú desde 2016”, se lee en las primeras líneas de su misiva.
“Habiendo agotado internamente todos los debates posibles, crítica y autocríticamente, no veo en el escenario cercano la intención de enmendar el rumbo tomado, a pesar de la urgencia de decisiones firmes y coherentes”, continuó la exportavoz de la tienda izquierdista.
En la víspera, el Parlamento aprobó, con 71 votos a favor, acusar constitucionalmente a Ávalos debido a su decisión de suspender la investigación preliminar por delitos de corrupción contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), recluido en diciembre pasado por un fallido golpe de Estado.
La magistrada es señalada por presunta omisión y rehusamiento o demora de actos funcionales, aunque para ella la denuncia “no tiene ningún sustento ni fundamento constitucional jurídico” porque se “pretende cuestionar las decisiones jurídicas y desempeño funcional con base en pareceres de índole político”.
Previo a la aprobación, Robles consideró que era “paradójico que una de las congresistas que acusa a Ávalos [en referencia a Gladiz Echaíz] sea una exfiscal de la Nación que recurrió al art. 117 de la Constitución en dos ocasiones para cubrir” al exmandatario Alan García. “Así de selectivo e hipócrita es el golpismo. No seré cómplice de la persecución golpista”, advirtió.
Por su parte, el sentenciado Vladimir Cerrón, fundador y líder de Perú Libre, comentó que la inhabilitación “evidencia que la rendición de cuentas horizontal sí funciona cuando se abusa del poder, para regularlo y ejercer control, como en todo Estado de derecho”. Además, deslizó que su “partido fue perseguido” durante la gestión de Ávalos, en la cual, dijo, “no se puso límite al abuso evidente”.
A fines del año pasado, Castillo debía responder ante el Congreso por los casos abiertos por la exfiscal; sin embargo, el exmandatario anunció el cierre del Congreso, la intervención del Poder Judicial y un gobierno de emergencia. Desde entonces, permanece preso en el penal de Barbadillo.
La posible destitución de Ávalos —que consolidaría la permanencia de su sucesora, Patricia Benavides, hasta junio de 2027— es una peligrosa decisión para el equilibrio de poderes, según analistas políticos. “El Congreso de 6% de aprobación, digitado por Keiko y Cerrón, avanza en su captura de la justicia. Ávalos debe ir al sistema interamericano, porque por disposición del TC no puede recurrir ante jueces peruanos”, tuiteó el excongresista Gino Costa.
La legisladora no agrupada Susel Paredes denunció que el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo han sido capturados. “La JNJ [Junta Nacional de Justicia] no reacciona y la presidenta flota en impunidad. Los extremos nos destruyen. ¡La voz de protesta de la ciudadanía debe hacerse sentir, en las calles!”, anotó Paredes antes de calificar de “absurda” la sanción.
En diálogo con Exitosa, el expresidente Martín Vizcarra, a quien Ávalos abrió una investigación preliminar en 2020 por presunta corrupción, estimó que la democracia en Perú se encuentra en estado crítico debido a “una dictadura” del Legislativo, que está tomando “decisiones inconstitucionales”.
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