¿Cuál es el riesgo de la inhabilitación de Zoraida Ávalos y cómo beneficiaría a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides?

La fiscal suprema Zoraida Ávalos fue inhabilitada de la función pública durante cinco años. Esto tras ser acusada de no investigar al expresidente Pedro Castillo durante su gestión como fiscal de la Nación, a pesar de que ella señala que abrió 43 denuncias contra altos funcionarios. Y también por una presunta vinculación con un integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Su salida deja una plaza vacía en la silla de la Junta de Fiscales Supremos, hecho que podría beneficiar a la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Cuáles son los movimientos que se vendrían alistando desde hace meses?

Entre finales del 2021 y los primeros meses del 2022, se oficializaron dos denuncias constitucionales contra Zoraida Ávalos. La primera, la 209, por infracción a la Constitución, delito de omisión y demora de actos funcionales al ser acusada de no investigar adecuadamente al expresidente Castillo Terrones. La segunda, la 231, por un presunto favorecimiento al acusarla de ser vinculada con José Luis Cavassa Roncalla, sindicado como miembro de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, quien se atribuyó ser el autor de su ascenso como magistrada suprema en el pasado.

En el interín de los debates en el Congreso por este caso, en junio del 2022, Patricia Benavides fue elegida como fiscal de la Nación, por lo que la máxima autoridad del Ministerio Público legalmente debe ocupar su cargo hasta el 2025.

Sin embargo, un informe de Hildebrandt en sus Trece advierte las presuntas intenciones de Benavides Vargas para perpetuar su mandato hasta el 2027. El semanario recoge la información que revelaría sus intenciones de acaparar el mayor número de los cinco sillones que conforman la Junta de Fiscales Supremos, organismo del que formaba parte la hoy inhabilitada Zoraida Ávalos, de “elegir a dedo a los integrantes de la Junta”.

Para entender esta estrategia hay que remontarse a marzo de este año. En aquella fecha se promulgó la Ley 31718, que modificó la Ley Orgánica del Ministerio Público. Gracias a esta medida se autorizó que fiscales provisionales, tanto supremos como superiores, puedan integrar la Junta de Fiscales Supremos, lo que abrió el camino para que Benavides tenga el control absoluto del Ministerio Público.

Esto porque los fiscales provisionales, tanto en su calidad de supremos como superiores, son nombrados por quien ostenta el cargo de fiscal de la Nación y, con la aprobación de esta ley, quienes sean designados como fiscales provisionales por Patricia Benavides podrán integrar este importante órgano.

Es este órgano el que, precisamente, escoge al fiscal de la Nación por un periodo de tres años y puede, según su ley orgánica, prorrogar las funciones de este por un periodo de dos años más. Según el reportaje del medio citado, esto es lo que Benavides esperaría al intentar que fiscales provisionales accedan a uno de los cinco sillones de la Junta.

Esta medida fue aprobada por el Congreso y refrendada por el actual gobierno, pues la resolución publicada en el diario oficial El Peruano cuenta con las rúbricas de José Williams y Dina Boluarte.

Actualmente, Patricia Benavides ocupa un sillón en la junta. Otros dos están ocupados por Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, el primero con un proceso de denuncia constitucional iniciada por el Legislativo y la segunda ya oficialmente inhabilitada. Se trata de dos plazas que podrían ser ocupadas con fiscales afines a Benavides.

El cuarto miembro es Juan Carlos Villena y el quinto sillón está ocupado por Delia Espinoza; sin embargo, esta última no formaría parte en la siguiente elección del fiscal para el año 2025, pues se encuentra cumpliendo funciones en el Jurado Nacional de Elecciones.

Hay más. Según el portal Epicentro, hay tres candidatos a integrarse a la Junta de Fiscales Supremos. Los fiscales supremos no titulares que estarían en carpeta para suceder a Ávalos serían Gianina Rosa Tapia Vivas, Franklin Tomy López y Helder Terán Dianderas, los últimos dos tienen una estrecha relación con algunos asuntos relacionados con la fiscal Benavides.

Tapia es fiscal adjunta suprema titular, mientras que López y Terán son fiscales supremos provisionales transitorios.

La primera es considerada cercana al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

En el caso del fiscal Franklin Tomy López, este se encuentra a cargo de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Él llegó a este puesto para reemplazar a Martín Fernández Alarcón, quien tenía en su coordinación el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Como es de público conocimiento, la fiscal Patricia Benavides realizó cambios dentro de este equipo especial de fiscales en el inicio de su gestión. Por esta razón, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación en su contra en marzo, porque presuntamente las acciones de la titular del Ministerio Público obedecerían a que tiene comunicaciones telefónicas con uno de los procesados: el empresario Antonio Camayo, quien tuvo vínculos muy estrechos con el prófugo exjuez César Hinostroza.

Por otro lado, el fiscal Helder Terán Dianderas está a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Él fue puesto allí tras la renuncia de la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a la hermana de la fiscal de la Nación. Y recientemente en febrero pasado, el fiscal Terán habría solicitado al Poder Judicial que se archive el caso que se le sigue contra la jueza Enma Benavides por los presuntos delitos de cohecho y organización criminal.

Así, la fiscal Patricia Benavides ya tiene una lista de posibles reemplazantes para el sitio de Zoraida Ávalos gracias a la norma que promulgó hace un par de semanas la presidenta Dina Boluarte. Y la Junta de Fiscales Supremos se ha quedado con tres fiscales supremos titulares: Patricia Benavides, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena Campana.