La presidenta Dina Boluarte desafió este martes a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a que su agrupación plantee nuevamente el adelanto electoral al 2023, una de las demandas de las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado.
“Si la señora ha salido con esto [otra vez], le sugiero que su bancada lo vuelva a plantear porque nosotros como Ejecutivo ya lo sugerimos dos veces y ahí quedó. Que Fuerza Popular sea quien [lo] plantee y, al día siguiente de aprobarse en el Congreso, estaremos convocando a elecciones generales”, afirmó Boluarte desde Atalaya, en Ucayali, donde inauguró un centro hospitalario.
Fujimori consideró en la víspera que el adelanto de elecciones “es algo latente y no está archivado” o cerrado, como afirmó Boluarte en un discurso donde ratificó que su mandato iría hasta julio de 2026.
“Por supuesto [que Fuerza Popular podría insistir en un proyecto de adelanto de elecciones]. Se puede debatir en cualquier momento. Creo que finalmente lo que va a llevar a cabo un debate de esa naturaleza es la voluntad política de los demás grupos políticos, que eso en este momento no lo vemos”, dijo la excandidata en una entrevista con Panorama difundida el domingo.
En un intento de terminar con un escenario de crisis desde la destitución de Pedro Castillo, el gobierno de Boluarte envió un proyecto de ley para adelantar las elecciones, mientras que el Legislativo presentó una serie de propuestas en ese sentido.
Sin embargo, tanto la Comisión de Constitución como el pleno del Congreso rechazaron hasta marzo pasado por lo menos cinco intentos de adelantar los comicios para diciembre de este año.
Mientras que las bancadas de izquierda condicionaron su apoyo al adelanto electoral a que se incluya la consulta sobre una Asamblea Constituyente, los legisladores de derecha aseguraron que primero se debía discutir e implementar una serie de reformas constitucionales, entre ellas el regreso a un Parlamento con las cámaras de Senadores y Diputados.
En anteriores ocasiones, la mandataria había afirmado que esa iniciativa se mantenía en el Parlamento, aunque esta semana emitió una declaración tajante: “[Ese tema] está cerrado, nosotros seguiremos trabajando de manera responsable, y en ese respeto al estado de derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio de 2026″, remarcó.
Desde otra tribuna, Fujimori ha tildado de “machistas” las posturas que ven con desdén un cuarto intento por llegar al sillón presidencial. Aunque aseguró que no presentará su candidatura si ocurre un adelanto electoral, dijo que para otro escenario todavía no ha tomado decisión.
“El hecho de que digan que yo no participe es discriminatorio y antidemocrático”, estimó la lideresa naranja, quien reapareció para exigir cambios en el gabinete ministerial un mes después de que fuera intervenida quirúrgicamente para la extirpación de un tumor maligno y luego de que el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional, le ordenara 36 meses de impedimento de salida del país.
El magistrado también impuso una serie de reglas de conducta como la prohibición de no cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial, y no comunicarse con el resto de imputados, testigos o peritos.
La medida antecede al inicio del juicio oral en su contra, que será anunciado en los próximos días, y en el cual Fujimori enfrenta una petición fiscal de 30 años de cárcel como supuesta cabecilla de una organización criminal.
La excandidata es actualmente investigada por el delito de lavado de activos, bajo la acusación de que recibió aportes ilegales en sus campañas electorales de empresas como la brasileña Odebrecht, y que su partido político fue la vía para consumar el delito.
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