CIDH se pronuncia sobre el caso Zoraida Ávalos: Garantías para salvaguardar independencia judicial alcanza a fiscales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la denuncia constitucional en el Congreso contra la fiscal suprema y exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. El informe final de este caso propone acusar e inhabilitar 5 años de la función pública a la magistrada por presunta demora y rehusamiento al investigar al expresidente Pedro Castillo.

“La CIDH recuerda que, conforme a estándares interamericanos, las garantías para salvaguardar la independencia judicial no sólo cobijan a jueces, sino también a fiscales. Los Estados les deben dotar de estabilidad en sus cargos como una consecuencia del rol fundamental que desempeñan en el acceso a la justicia. En tal sentido, es preciso que tanto jueces como fiscales cuenten con un adecuado proceso de nombramiento, protección contra presiones externas e inamovilidad en el cargo”, se lee en el comunicado publicado este miércoles.

En un comunicado, la CIDH invoca nuevamente al Estado peruano a regular la figura de la acusación constitucional, con el objetivo de “asegurar su consonancia con el principio de legalidad, derecho de defensa y debido proceso, de acuerdo con los estándares e interamericano e internacionales sobre la materia”.

“Preocupa a la CIDH la ambigüedad de dicha figura puesto que ni la ley ni la Constitución precisan las conductas punibles y sus correspondientes consecuencias. En reiteradas oportunidades, ha llamado a delimitarla para asegurar objetividad e imparcialidad, respetando el principio de legalidad y asegurando la separación y el equilibrio de los poderes”, se lee en el pronunciamiento.

La Comisión también recuerda que el Estado peruano alegó, ante los constantes requerimientos de definir la figura de acusación constitucional, que dicha herramienta es una facultad del Parlamento que “puede ser ejercida por ‘responsabilidades eminentemente políticas, aún cuando no exista la comisión de un delito de por medio’”.

“En todo caso, de llevarse a cabo estos juicios políticos, la Comisión advierte sobre la importancia de observar con rigor las garantías del debido proceso y el derecho de defensa”, reitera la CIDH.

La preocupación del órgano de la Organización de Estados Americanos se extiende al caso de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes fueron denunciados constitucionalmente por la parlamentaria Patricia Chirinos tras emitir un comunicado en el que piden al Congreso la mayor reflexión en el caso de Zoraida Ávalos.

Chirinos exige que los consejeros Aldo Vásquez, Henry Ávila, Inés Tello, María Zavala, Imelda Tumialán, Antonio Humberto de la Haza y Guillermo Thornberry sean inhabilitados 10 años de la función pública.

En entrevista con Infobae Perú, la fiscal suprema Zoraida Ávalos denunció que funcionarios del despacho de la Fiscalía de la Nación estarían ejerciendo presión en el Parlamento a fin de que se consigan los votos para inhabilitarla. Se estaría ofreciendo, asegura, beneficiar a congresistas.

“Yo trabajo aquí 42 años. Me llegan de diversas fuentes información de que personal del despacho de la Fiscalía de la Nación estaría presionando para que voten para lograr mi destitución, a cambio de favorecer con archivos a varios congresistas”, declaró.

Ávalos también indicó que comunicó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides: “Cuando le dije eso dijo que sí, que iba a ver, pero que a ella también le habían dicho que había personas que hablaban por mí. Le dije que sí, que un montón de personas expresan su voluntad, que esto (su caso) es una atrocidad lo que están haciendo, por un criterio jurídico van a querer sancionarla”.