El expresidente Pedro Castillo afronta procesos por presuntos delitos cometidos durante su gobierno y su intento de golpe de Estado, pero también debe lidiar con los enfrentamientos entre aquellos que integran su equipo legal. Desde diciembre del año pasado, más de una decena de abogados se han sumado a su defensa y renunciado a las pocas semanas por la falta de coordinación entre los mismos.
La constante rotación de defensores de Pedro Castillo impide que se consolide una sola estrategia legal que permita su liberación. Dicho cuestionamiento fue planteado por Benji Espinoza, letrado quien defendió al expresidente cuando este aún se encontraba en el poder. Incluso por aquellos días, la falta de acuerdos entre abogados lo motivó a presentar su renuncia en agosto de 2022, pero pronto se reintegró al equipo legal.
La renuncia más reciente ha sido protagonizada por el exministro de Defensa, Walter Ayala, quien llegó a pedir el desafuero de los 101 congresistas que votaron a favor de la vacancia del expresidente. Este sostiene la idea de que los cuestionados legisladores deben ser reemplazados por sus accesitarios para que estos vuelvan a debatir la moción en contra de Pedro Castillo y vacarlo nuevamente solo si llegan a los 104 votos.
Por otro lado, José Luis Peña Julca, también abogado del exmandatario, considera que la destitución de Pedro Castillo fue una medida correcta. “Sí, era la sanción política moral aplicable al caso, pero de ninguna manera se ha debido abrir instrucción penal o proceso penal por un delito que no ha llegado a cometerse”, agregó. Se trata de una postura que difiere de lo señalado por otro miembro del equipo legal.
Peña Julca asegura haberse convertido en abogado de Castillo tras encontrar “abrumado e inconforme con el desempeño de su abogado” durante una visita al penal de Barbadillo. “Tuvo abogados que lo pusieron como bandera de lucha y no vieron su aspecto legal y sus derechos como procesado”, dijo el mismo letrado que llegó a olvidar el nombre de su defendido durante una reciente audiencia pública.
Cuestiona estrategia
El abogado Eduardo Pachas sorprendió al señalar que el expresidente Pedro Castillo dio el autogolpe de Estado porque se encontraba amenazado de muerte. Este se refirió a las afrentas del hoy alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y un periodista quien pidió atentar contra la vida del exmandatario. Los otros dos habrían provenido del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional del Perú el mismo día que este quebró el orden constitucional.
El abogado Benji Espinoza calificó de inverosimil lo señalado por su excolega. Este recordó que para beneficiar a su defendido, deben poner en marcha una teoría del caso; es decir, la versión de los hechos que se va a contar al fiscal o juez, “que sea consistente, coherente, creíble y razonable a la luz de la evidencia disponible”. Pero este no sería el caso de la teoría recientemente vertida desde el equipo de defensa legal de Castillo.
Guillermo Olivera Díaz ha sido presentado como el abogado encargado de anunciar los avances de la defensa legal de Pedro Castillo. Se trata del mismo letrado que tras el quiebre del orden constitucional denunció que el expresidente había sido sedado minutos antes de dar el mensaje a la Nación. “Le dieron una bebida, una supuesta agua, y después se sintió como atontado. Por eso es que leyó”, recalcó.
El abogado Olivera también es recordado por haber señalado que el expresidente no mencionó que el Congreso de la República había sido disuelto durante su discurso del 7 de diciembre. Sin embargo, a través de la señal abierta, el entonces mandatario ordenón el cierre del Parlamento y la toma de los entes de justicia que promovían investigaciones en su contra. Además, convocó a elecciones congresales.
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