El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial rechazó este martes un recurso presentado por el expresidente Pedro Castillo, imputado por rebelión tras su fallido autogolpe, con el cual su defensa buscaba detener la investigación por la que cumple 18 meses de prisión preventiva en Barbadillo.
El juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó la tutela de derechos que cuestionaba una supuesta violación al debido proceso (imputación necesaria y derecho a la defensa) a raíz de su mensaje del 7 de diciembre, donde anunció la disolución del Parlamento, un toque de queda y un gobierno por decreto.
Checkley expresó que “el exmandatario conoce plenamente los cargos y hechos que le imputa la Fiscalía, el grado de su participación y los elementos de convicción que sustentaron la formalización de la investigación preparatoria en su contra”, según un comunicado difundido por el Poder Judicial.
El magistrado también consideró que no ha habido vulneración del “principio de imputación necesaria o suficiente”, o que se hayan afectado sus derechos en la investigación preparatoria por un delito que lo puede llevar a enfrentar una pena no menor de diez años.
En los últimos meses, el exmandatario ha solicitado al Poder Judicial anular la prisión preventiva y el proceso por rebelión mediante medio centenar de apelaciones, amparos y otros recursos. Sin embargo, ninguno ha prosperado hasta el momento.
Castillo argumenta, en rigor, una supuesta vulneración de su derecho al antejuicio político, un proceso político-judicial a través del cual se levanta la inmunidad de los altos funcionarios. El mes pasado, en una audiencia virtual, se declaró “secuestrado” en ese centro penitenciario y reiteró que no cometió “ningún acto de rebelión, ni menos de conspiración” porque no se levantó en armas.
“A día de hoy soy un preso político. Desde el 7 de diciembre estoy secuestrado y no tengo derecho ni siquiera a un espacio de comunicación. Un acto de rebelión se planifica, se organiza y se ejecuta. Se me ha detenido arbitraria e inconstitucionalmente”, declaró Castillo, también investigado por presuntamente encabezar una red criminal dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
La investigación fiscal por este caso se oficializó después de que el Congreso aprobara, en febrero pasado, el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario.
Castillo fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México en Lima a solicitar asilo político. Durante la seguidilla de eventos que desembocaron en su destitución, Estados Unidos y otros países de la región, así como España, condenaron su intento de romper el orden constitucional y llamaron a respetar el Estado de derecho en Perú.
Desde entonces, ha sumado más de una docena abogados mientras continúa recluido en Barbadillo, uno de los cuales abandanonó el equipo justo antes de la nueva negativa del Poder Judicial. Se trata de Walter Ayala Gonzáles, quien seguía el proceso de amparo de restitución del expresidente.
Su lugar será ocupado por el letrado Guillermo Olivera. Ayala Gonzales, exministro de Defensa, tiene una investigación por organización criminal, tráfico de influencias, abuso de autoridad y patrocinio ilegal, según El Comercio.
En noviembre del 2021, se abrió una investigación al entonces titular de Defensa por las presuntas irregularidades en los ascensos en las Fuerzas Armadas. Días después, el abogado renunció al cargo.