El Poder Judicial ordenó este martes la captura inmediata de la exjefa de gabinete, Betssy Chávez, acusada de participar en el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022). La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a cargo del juez César San Martín, dejó sin efecto la orden de comparecencia con restricciones contra la expremier y declaró fundado el requerimiento fiscal de 18 meses de prisión preventiva.
En su resolución, el magistrado confirmó el mandato de comparecencia contra los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Turismo), también señalados como coautores del frustrado autogolpe, quienes no podrán ausentarse sin autorización ni comunicarse con los demás investigados, entre otras medidas.
A través de un pronunciamiento en vivo por TikTok, la número dos de la administración de Castillo se allanó a la orden y afirmó que estaba en su vivienda en Tacna, donde esperó su captura. “Voy a esperar a que venga la Policía y salir con ellos a donde se deba de ir. Pensaba en ir con movilidad hacia la Policía, pero si salgo con movilidad van a pensar ‘ah, se quiere escapar’. Para evitar eso, prefiero esperar”, declaró.
Chávez se mostró tranquila, promocionó su libro y hasta mencionó que terminará su tesis en la prisión a la que será designada. “Es un momento complicado para mi familia, pero hay que ser valientes”, matizó.
Previamente, dijo ante en tribunal que no tiene “ninguna intención de fugarse del país” y remarcó su solicitud para que se reduzca el monto de la fianza establecida por este caso, ya que sus ingresos económicos han disminuido y está retomando su profesión de abogada.
Su detención ocurre tres meses después de que fuera acusada constitucionalmente por el Congreso a raíz de la denuncia de la fiscal Patricia Benavides. De igual manera, el hemiciclo dio luz verde para suspenderla en el ejercicio de sus funciones legislativas, aunque no aprobó la misma medida para Sánchez, quien conserva su escaño en la cámara.
En enero pasado, Betssy Chávez declaró ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que no estuvo de acuerdo “con la medida” anunciada por Castillo, y descartó haber tenido conocimiento del contenido del mensaje presidencial.
La misma presidenta Dina Boluarte la ha señalado como una de las principales responsables de la crisis política que enfrenta el país por presuntamente presionar al exmandatario para que tome la decisión de leer un mensaje donde anunció la disolución del Parlamento, un toque de queda y un gobierno por decreto.
El pasado 26 de abril, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley rechazó imponer la prisión preliminar solicitada por la Fiscalía contra los tres exministros, aunque dictó contra ellos comparecencia y el pago de una fianza de 100.000 soles (27.700 dólares o 25.316 euros) contra Chávez, de 80.000 soles contra Huerta y de 50.000 soles contra Sánchez.
El magistrado consideró que no había suficientes argumentos para el peligro de fuga y obstaculización de la Justicia. En ese sentido, les impuso reglas de conducta como no ausentarse de su localidad de residencia, concurrir las veces que sean citados al juzgado y acudir mensualmente a firmar un libro de control a partir del 2 de mayo.
Esas medidas han sido ratificadas para Huerta y Sánchez, pero revocadas para Chávez, quien pasadas las 15:00 horas fue trasladada a la carceleta de Tacna para su próximo traslado a la capital.
La expremier cubrió las esposas con una chompa y, en todo momento, se mostró sonriente. Previamente, uno de sus familiares agredió al equipo periodístico de Canal N y RPP que se encontraba afuera de su vivienda para cubrir la detención.
“Además de perseguirlos de forma amenazante, arrebataron un teléfono celular”, informó la Asociación Nacional de Periodistas, que condenó la acción mediante un comunicado.
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