Betssy Chávez señala que no puede pagar caución de S/100.000 al no percibir lo mismo que hace unos meses

La excongresista y exfuncionaria del gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez solicitó que se reduzca el monto que el Poder Judicial le impuso por concepto de caución. La expremier señaló que hace este pedido ya que sus ingresos actuales no son los mismos a los que percibía tiempo atrás. De los S/100.000 que le impuso la autoridad, ha pedido solo entregar S/10.000, apenas el 10% del monto inicial.

“He acudido a cada una de las declaraciones a las que me han llamado. Hemos presentado en nuestra apelación una disminución respecto de la caución porque no percibo lo de antes”, dijo Chávez durante una audiencia de la Corte Suprema que evaluó la apelación tras la negativa de prisión preventiva en su contra. Esta indicó que por el momento se encuentra poniendo en orden sus horarios y actividades laborales.

Cabe recordar que Chávez no ha sido la única exiliada de Pedro Castillo quien deberá pagar una caución. El exministro Willy Huerta y el extitular del Mincetur, Roberto Sánchez, deberán pagar 80 mil y 50 mil soles respectivamente. Este último ha solicitado que el monto sea reducido a cinco mil soles mientras que el extitular del Interior ha pedido que se “le exonere y/o reduzca prudencialmente” el monto asignado.

Sobre un eventual peligro de fuga, la expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo indicó que se está alistando para publicar un libro. Esto habría sido usado como razón para señalar que no existe posibilidad de que abandone el territorio nacional. “Siempre he estado muy inmiscuida en el tema académico”, dijo la señalada de presuntamente haber plagiado su tesis.

La participación de Betssy Chávez en el golpe de Estado perpetuado por Pedro Castillo no es el único caso en su contra. La congresista desaforada enfrenta una investigación a cargo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que se encargará de determinar si cometió o no un delito por aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravada cuando era ministra de Estado en el gobierno de Pedro Castillo.

Con el respaldo de 21 votos, el equipo dirigido por Lady Camones de la Alianza para el Progreso se encargará de seleccionar a un miembro del parlamento que será responsable de analizar detenidamente las pruebas presentadas por la Fiscalía en contra de Chávez Chino. Dicha persona deberá recabar la defensa del acusado y redactar el informe definitivo sobre este asunto para su posterior aprobación o rechazo en la SAC.

En caso de que esto suceda, el Comité Permanente también llevará a cabo un debate y una votación para determinar si se admite la denuncia constitucional contra la ex primera ministra. El Pleno será el último escenario en el cual Betssy Chávez tendrá la oportunidad de defenderse junto a su abogado de las serias acusaciones que se le imputan. El cuestionamiento nace a partir de contrataciones a familiares de la pareja de Chávez.

Dentro de los favorecidos se incluye a Antonio Sotelo, el padre de la pareja de Betssy Chávez, quien consiguió ser designado en el Consejo Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) y posteriormente en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) de Tacna, lugar de origen de la congresista. Asimismo, Flor de María Sotelo, hermana de parejam habría trabajado en su despacho congresal.