Extorsión y sicariato sin control en Lima y regiones: por qué los delincuentes ganan cada vez más terreno y qué medidas tomar

Según informes y cifras oficiales sobre la criminalidad e inseguridad ciudadana en el Perú, los dos delitos que vienen creciendo significativamente a nivel nacional son la extorsión y el sicariato. Varios casos inician con una llamada telefónica amenazante o un mensaje por WhatsApp y terminan con una persona siendo acribillada a sangre fría en alguna calle de Lima o provincia.

Ambas figuras delictivas vienen cobrando de la mano cada vez más víctimas en el país. Los objetivos de la delincuencia ya no son solo adinerados empresarios o gente pudiente. Ahora, lo sufren obreros, ambulantes, colectiveros, mototaxistas, dueños de pequeños negocios y “jaladores” de transporte público. Funcionarios, autoridades o artistas tampoco se salvan.

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP), la mayoría de veces el sicariato es el resultado de una extorsión fallida. Lo que muchos no pueden pagar con dinero, lo terminan haciendo con su vida o, peor aún, la vida de sus seres queridos. La sensación de estar en una situación fuera de control con estos dos delitos es real.

“Es la última vez que te advierto, a la siguiente ya no voy a romper tu luna, van a ser otras medidas”. Este es el escalofriante mensaje que recibió, el pasado 16 de mayo, el regidor del distrito de Comas, Yenson Cornejo Milla, quien denunció que le exigían hasta 500 soles semanales a cambio de “protección”.

A fines de mayo de este año, el conocido actor cómico Carlos Alvárez también sintió en carne propia la extorsión. “Nuestro país está ensangrentado por la delincuencia peruana y extranjera”, declaró. Las amenazas se materializaron cuando en su jardín le dejaron una bala de 9 milímetros, marca Langers. “Esto es una situación de millones de peruanos, están igual o peor que yo, están en una situación de indefensión”, exclamó.

Hace menos de una semana, en el norte del país, un dirigente identificado como Juan Gamarra se armó de valor para denunciar que al menos mil comerciantes del mercado de Chiclayo eran víctima de extorsión. Apenas unos días antes, en Lima, policías se agarraron a balazos con una peligrosa banda de extorsionadores en la cuadra tres de la avenida México, en el distrito de La Victoria.

Estos son solo algunos de los casos relacionados a la extorsión que se hacen públicos. Pero otros, que ni llegan a ser denunciados, finalizan con un sicariato consumado. Una nueva vida se apaga y una nueva familia queda enlutada. La preocupación: la figura se repite en diversos rincones del país.

Alejandro Santillán es una de las últimas víctimas del sicariato en Lima. Perdió la vida de forma inmediata la madrugada del sábado 17 de junio, tras recibir al menos ocho impactos de bala, en la cuadra seis del jirón Baritina, cerca del parque zonal Huiracocha, en San Juan de Lurigancho. No se descarta que pudo estar siendo extorsionado.

“La extorsión es, como todos sabemos, solicitar plata para beneficio propio y si tú no cumples viene la amenaza y, finalmente, quitarle la vida a una persona (sicariato). Son dos de los delitos que más están creciendo”, advirtió el general PNP (r) Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la policía, a Infobae Perú.

Para el alto mando, alguna de las razones por las que se ha incrementado sostenidamente estos delitos son por la falta de campo laboral y tener desempleados a miles de peruanos y migrantes, aunque hizo especialmente énfasis en estos últimos.

“Al no haber campo laboral y tener acá desocupados a muchos migrantes, con la difusión que se está haciendo de los delincuentes venezolanos y colombianos, actualmente los peruanos cuando necesitan a alguien para trabajos domiciliarios, ya le han puesto un freno a ellos. Al no tener trabajo y tener necesidades económicas ¿qué sucede? Aumentan las extorsiones. Sienten que es lo más fácil: amenazan, piden un cupo y nadie sabe quién eres”, señaló.

Además, el general aseveró que falta todo un trabajo conjunto y articulado de partes de las autoridades centrales, regionales y municipales. Citó de ejemplo la disposición que prohíbe a los limpiaparabrisas, que eran en su mayoría extranjeros ilegales, y comentó que muchos al quedar sin un sustento económico se han dejado capturar por los lazos de la delincuencia, principalmente en rubros ilícitos como la extorsión y el sicariato.

“No debe pasar desapercibido que el Tren de Aragua, varias de sus facciones y otras bandas extranjeras han permitido que haya más presencia de ambos delitos. Son grupos criminales que han llegado a nuestro país bien organizados y tienen experiencia dedicándose a estos ilícitos y ya han tomado parte del territorio”, agregó.

En tanto, Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior y coautor de Las economías criminales y su impacto en el Perú, afirmó que las condiciones de informalidad, impunidad y corrupción hacen al país atractivo para el delito, sumado a que la fuerza que le pone el Estado en materia de inversión es mucho menor que lo que mueven las propias economías criminales en conjunto.

“Las economías criminales mueven más de siete mil millones de dólares al año y si se cuenta cuánto hay de presupuesto en todo el sector Interior, incluida la policía, en el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sector Defensa no llega a esa cifra”, detalló.

Específicamente sobre la extorsión opinó: “Ha venido creciendo como parte de la pérdida del dominio territorial de las fuerzas del orden y la inexigencia del manejo de los penales, puesto que de ahí salen muchas veces las campañas extorsivas. Hemos abandonado el territorio y esto está siendo aprovechado por gente que ve que puede sacar un ingreso fácil con este delito”.

Según Pérez Rocha, se debe priorizar el trabajo de inteligencia en las diferentes unidades especializadas y operativas de la policía.

“Estas divisiones tienen dinero reservado para usarlo a cambio de información importante para desarticular a esta bandas que están cometiendo delito en sus diferentes modalidades. Dan el dato, se hace el seguimiento, se ubica, captura y se paga al informante si lo informado es veras”, indicó.

Como segundo punto, mencionó que desde el Poder Legislativo no se aprueba ninguna norma que dé celeridad para la imposición de penas a los que cometen delitos.

“De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, ahora para que el Ministerio Público formule denuncia tiene que haber aspecto probatorio, antes era condicional. También le da a la fiscalía un tiempo de investigación preliminar, ¿qué plazos tiene? De nueve meses a tres años. Por eso es que vemos que acá en el Perú hay aspectos de delitos que no se denuncian y no hay penas privativas de la libertad... Cuando existe un delincuente que acepta su delito y tiene todos los elementos en su contra, para qué vas a investigar nueve o 36 meses. En menos de 30 días debería ya estar puestos tras la rejas”, refirió.

El ex viceministro Valdés coincidió que se debe fortalecer el trabajo de inteligencia para controlar “toda la información abierta que corre por las redes sociales”, donde sicarios ofrecen sin ningún tipo de reparos sus servicios o extorsionadores sacan información sensible de alguna persona para amenazarla.

“Me parece que esto es un tema que debe ser parte de la política nacional de seguridad ciudadana. Siento que el gobierno no está tomando interés suficiente para enfrentar este problemas, porque es evidente que viene creciendo”, complementó.