El caso Camila: una trágica exposición de la violencia sexual en menores y la vulneración de los derechos humanos en Perú

En el sur del país, en la ciudad de Abancay, se desencadenó una tragedia que reveló las deficiencias críticas del sistema de protección a menores y las serias dificultades en la garantía de los derechos humanos en el país.

Camila, una niña de tan solo 13 años, descubrió que estaba embarazada como resultado del abuso sexual perpetrado por su propio padre desde los nueve años. Frente a esta situación desgarradora, la menor expresó su deseo de interrumpir el embarazo, prefiriendo la muerte antes que llevar adelante una gestación forzada. Lamentablemente, su decisión fue ignorada y nuevamente se violaron sus derechos.

El caso de Camila ejemplifica la violencia sexual que padecen los menores y la vulneración de sus derechos fundamentales en el Perú. Esta problemática fue denunciada en anteriores oportunidades, y la falta de acceso al aborto terapéutico ha llevado a la condena del Estado peruano en cortes internacionales. Es imprescindible analizar en detalle este caso y reflexionar sobre las medidas que deben tomarse para prevenir futuras violaciones de los derechos humanos de los menores.

Cuando Camila descubrió su embarazo, intentó buscar ayuda en el sistema de salud peruano, pero se encontró con numerosos obstáculos y negligencias por parte de los profesionales médicos y las autoridades competentes.

A pesar de que el aborto terapéutico es legal en Perú desde 1924 en casos donde la vida o la salud de la gestante están en peligro, la niña no recibió la atención adecuada ni se le proporcionó información sobre este procedimiento. Su embarazo forzado, resultado del abuso sexual, la llevó a manifestar su deseo de morir antes que llevar adelante esa carga. Sin embargo, las autoridades hicieron oídos sordos y no cumplieron con su deber de protegerla y garantizar sus derechos.

El acceso al aborto terapéutico en el Perú es sumamente limitado debido a diversas barreras, como el estigma social, la desinformación, las creencias religiosas y la escasez de servicios sanitarios. A pesar de que en el año 2014 se logró un hito importante con la aprobación de una guía técnica unificada para el aborto terapéutico en el Perú, desafortunadamente, estas regulaciones no se implementaron de manera efectiva en el caso de Camila, dejándola en una situación de extrema vulnerabilidad.

La guía técnica unificada establece claramente los procedimientos y requisitos para llevar a cabo el aborto terapéutico, el cual está permitido cuando la vida o la salud de la gestante están en peligro. Sin embargo, a pesar de existir esta legislación, su aplicación efectiva sigue siendo un desafío

A pesar de que su embarazo era resultado del abuso sexual y representaba un alto riesgo para su salud física y psicológica, no se le proporcionó la información necesaria ni se le brindó la atención adecuada para acceder al aborto terapéutico.

La situación de Camila no es un caso aislado. Lamentablemente, existen numerosos obstáculos y barreras que dificultan el acceso al aborto terapéutico en el Perú, como el estigma social, la falta de información adecuada, las barreras religiosas y la escasez de servicios de salud que brinden esta opción. Todo esto contribuye a la vulnerabilidad de las mujeres y niñas en situaciones similares, negándoles la posibilidad de tomar decisiones informadas y acorde a sus derechos.

Camila sufrió una serie de maltratos y negligencias por parte de las autoridades encargadas de protegerla. A pesar de ser una víctima de agresión sexual e incesto, fue considerada como una “adolescente infractora” y se le obligó a asistir a la escena del crimen junto con su agresor. Esta revictimización y falta de protección adecuada violaron sus derechos fundamentales y le causaron un profundo daño psicológico.

Según datos de organizaciones de derechos humanos, en el Perú se registran miles de casos de violencia sexual contra menores cada año, y la mayoría de ellos no reciben la atención y protección necesarias. Esto subraya la urgencia de implementar políticas y medidas efectivas para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual contra los menores.

Según Susana Chávez, directora de Promsex, es fundamental reconocer que el caso de Camila era un embarazo de alto riesgo que representaba una amenaza para su salud y la vida de la persona, pudiendo generar discapacidades.

La agresión sexual constituye una amenaza real, afectando a una de cada cinco niñas sufren violación antes de los 15 años, y tres de ellas sufren violencia sexual. Es necesario contar con educación y canales de comunicación efectivos para abordar estos temas ya que las niñas son objetivos frecuentes de violación.

Chávez sostiene que la educación es lo más importante para hacerle frente a esta problemática. Además, se posiciona a favor del aborto terapéutico, ya que según los registros, cada 500 niñas se convierten en madres al año, sin contar aquellas que no están registradas.

Es importante destacar que el Perú no es el país con menor incidencia de embarazos en menores, ya que en otros países el porcentaje de aborto terapéutico oscila entre el 26 % y el 30 %. Estas naciones demuestran preocupación por el bienestar de sus niñas, mientras que en Perú solo se alcanza el 1.7 %.

Finalmente, el Estado peruano tiene la obligación de prevenir la comisión de violaciones similares en el futuro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Protocolo Facultativo. En un plazo de 180 días, el Estado debe informar al Comité de los Derechos del Niño sobre las medidas que tomará para implementar las recomendaciones emitidas.

El caso de Camila representa un gran logro en su búsqueda de justicia y también para todas las niñas y adolescentes, al permitirles acceder a servicios de aborto seguro y cuidados postaborto. Promsex se comprometió a un seguimiento para asegurar el cumplimiento de las reparaciones y se estará vigilante para que el Estado las ejecute efectivamente.

Para abordar esta problemática de manera efectiva, es crucial implementar las algunas acciones como:

Fortalecimiento de la educación sexual: Es fundamental promover una educación sexual integral y basada en derechos en todos los niveles educativos. Esto incluye la enseñanza de temas como el consentimiento, los derechos sexuales y reproductivos, y la prevención de la violencia sexual.

Sensibilización y capacitación de profesionales: Los profesionales de la salud, la educación y el sistema judicial deben recibir capacitación sobre la detección, atención y protección de menores víctimas de violencia sexual. Esto incluye el conocimiento de los derechos de los menores y los procedimientos legales para garantizar su protección.

Fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y atención: Se deben establecer canales accesibles y seguros para que los menores puedan denunciar la violencia sexual y recibir atención adecuada. Esto implica fortalecer los servicios de atención psicológica, médica y legal especializados en el abuso sexual infantil.

Implementación de políticas de prevención: Es necesario desarrollar y promover políticas integrales de prevención de la violencia sexual, que incluyan campañas de sensibilización, programas de formación en escuelas y comunidades, y la participación activa de la sociedad civil en la protección de los derechos de los menores.

El Estado peruano debería asumir su responsabilidad en la protección de los derechos humanos de los menores, fortaleciendo los mecanismos de atención, sensibilización y prevención, y asegurando que los profesionales estén capacitados para brindar una atención integral y respetuosa. Solo a través de un compromiso real y acciones concretas se podrá garantizar un futuro seguro y libre de violencia para los niños y niñas del país.