Elvira Madalengoitia, asistente administrativa en el despacho del gobernador Ciro Castillo, presentó un título falso para ingresar al Gobierno del Callao, según un informe difundido el último viernes por Al estilo Juliana. La misma funcionaria admitió, en unos audios publicados por el programa, que una tercera persona le ayudó a conseguir el documento académico.
Se trata de un grado de secretariado bilingüe en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Latino que le permitió ingresar a la Oficina de Imagen y Protocolo del Gobierno Regional, de donde fue derivada directamente al despacho de Castillo, con un salario de diez mil soles, tras entablar un vínculo presuntamente amoroso.
El director de Latino, Oswaldo Morán, afirmó al medio que su rúbrica fue falsificada y que pedirá abrir una investigación. “Yo no firmo así”, señaló. Madalengoitia también tramitó un documento del Instituto Tecnológico Christian Barnard del Callao que la certificaba como Administradora de empresas sin haber estudiado, un título que iba a adjuntar a su currículo, según el reportaje.
El programa televisivo grabó a escondidas a una trabajadora de Christian Barnard que aceptó la entrega de certificado, diploma y constancia “ahora mismo, si paga ahorita 350 soles”. El último marzo, durante una cita en un centro estético, Castillo y Madalengoitia se enfundaron en un beso que decantó, días después, en la duplicación del monto que percibía la funcionaria.
La denuncia por presunto tráfico de influencias ha sido entablada por Roberto Fernández, excosejero regional y expostulante a la alcaldía del distrito de Carmen de la Legua-Reynoso, quien aduce que no se trata de una riña política.
“[Ella] viene manejando el poder [en el Callao] es un llamado fuerte a los consejeros. Definitivamente, de validarse esto se puede suspender porque es delicado dejar en manos la gobernación a personas que no han sido elegidas”, estimó Fernández.
El reportaje también difundió clips de voz enviados por la asistenta a un destinatario sin identificar, donde desliza la posibilidad de aspirar al Legislativo. “Con el tío es con quien más posibilidades tengo inclusive de ser candidata al Congreso que su propio hijo. A mí me va a meter [a clases de oratoria]”, menciona Madalengoitia.
Previamente, había hablado sobre su vínculo con el político y médico cirujano. “Lo que siente Ciro por mí es independientemente del trabajo. El tío ya sabe el poder que tiene, ya le enseñé. Por eso ya sabe que con un telefonazo puede hacer lo que le da la gana. Me ha llevado a todas sus reuniones. ¿Crees que no he escuchado tanta huev...? Soy un peligro si quiero, él sabe que yo lo cuido”, sigue en otra grabación en la que entrevé supuestos ilícitos.
Ninguno de los implicados respondió para el reportaje, aunque este viernes el gobernador indicó a la prensa que no tiene vínculo con la funcionaria, despedida después de este escándalo por el que la Fiscalía allanó las oficinas del Gobierno del primer puerto.
“Nosotros defendemos a los trabajadores. Como persona, yo defiendo la dignidad de la mujer. No se puede denigrar a una persona sin tener pruebas de ello. Acordemos que las mujeres, en el caso de la señora, tiene hijos, tiene una hija y puede sufrir las consecuencias de lo que se puede decir”, declaró.
Ciro Castillo (Movimiento Regional Más Callao) juró en enero pasado luego de obtener casi el 70% de votación en las urnas, el índice más alto de aprobación en la historia de los procesos electorales, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El gobernador —quien saltó a la esfera pública en 2011, cuando su hijo desapareció en el cañón del Colca (Arequipa)— habría incurrido en los delitos penales de nombramiento indebido en un cargo y ejercicio de influencias ilícitas, de acuerdo con el abogado penalista Andy Carrión.
El primero se respalda en la designación de su asistente, aun cuando no cumplía con los requisitos fundamentales para el puesto; y el segundo, en que haya utilizado su influencia o poder “para intervenir y asegurar la contratación ante los funcionarios encargados de la toma de decisiones en materia de contratación”.
“Si estos delitos se confirman, el implicado podría enfrentar sanciones que oscilan entre cuatro y seis años de prisión. Además, se le impondría la inhabilitación para ocupar el cargo”, mencionó el letrado.
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