PJ evaluará si la Procuraduría se constituye como “actor civil” o “parte agraviada” en caso de Pedro Castillo

El expresidente Pedro Castillo, el exasesor Aníbal Torres y los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez podrían pagar en forma solidaria la cuantiosa suma de 67 millones 711 mil 48.33 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado. Para que esto suceda, el juez supremo Juan Carlos Checkley debe declarar fundada la solicitud de la Procuraduría General del Estado y luego los investigados deben ser hallados responsables de los cargos que se les imputa dentro del proceso penal en los que están inmersos.

En mayo de 2023, la entidad responsable de salvaguardar los intereses legales del Estado pidió constituirse como “actor civil” o “parte agraviada” en la investigación preparatoria contra el exmandatario Castillo Terrones y otros, por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Respecto al monto que podrían pagar el exjefe de Estado, Betssy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta y Roberto Sánchez, se sabe que S/17 millones 711 mil 48 es por los delitos de rebelión y abuso de autoridad; y S/50 millones, por el delito de grave perturbación de la tranquilidad.

Ante este panorama, la defensa legal del exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez planteó una oposición a la solicitud que hizo la Procuraduría General del Estado en este caso. En ese sentido, es pertinente indicar que el Código Procesal Penal establece que si una de las partes ha manifestado su oposición, el juez supremo (Juan Carlos Checkley) deberá citar a una audiencia a las partes procesales.

Es así que la Corte Suprema, el máximo órgano jurisdiccional del país, evaluará el martes 20 de junio la solicitud que hizo la institución encargada de representar y defender los intereses del Estado en asuntos legales y jurídicos.

A través de una resolución difundida por RPP Noticias, el juez supremo Checkley dio a conocer que este pedido sea analizado en una audiencia virtual, con la presencia de las partes involucradas.

En el documento también se señala que se prescindirá de la presencia virtual del imputado Sánchez Palomino, siempre y cuando él tenga complicaciones para conectarse y su derecho de defensa técnica se encuentre debidamente garantizado.

En la reunión virtual, que se llevará a cabo el martes 20 de junio, la Procuraduría General del Estado podría estar habilitada para solicitar el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado. Para que esto suceda, el juez supremo Checkley deberá declarar fundada el pedido del ente rector, que consiste en el pago de más de S/67 millones por reparación civil.

“Asimismo, esta Procuraduría General del Estado se reserva el derecho de variar y/o incrementar el monto postulado, tanto por daño patrimonial como por daño extrapatrimonial que se haya generado al Estado peruano, en función de mayores y nuevos elementos de convicción que surjan de la investigación y que acrediten los daños generados al Estado peruano”, indicó Daniel Soria en un documento remitido al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.

En la actualidad, el expresidente de la República Pedro Castillo Terrones se encuentra en el penal de Barbadillo cumpliendo prisión preventiva por haber ejecutado un autogolpe de Estado, el 7 de diciembre de 2022, a pocas horas de que el Parlamento lo someta a un tercer proceso de vacancia por presuntos actos de corrupción en su gobierno.