Congreso oficializó acusación constitucional contra Luciana León, quien podría ir a la cárcel

Este sábado, el Congreso de la República oficializó la acusación constitucional contra la excongresista Luciana Milagros León Romero, quien enfrentará un proceso penal de acuerdo con la Resolución Legislativa del Congreso 020-2022-2023-CR, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Ahí se señala que la causa penal se basa en la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación. La decisión fue tomada por el pleno del Congreso, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú, así como en el inciso i) del artículo 89 de su reglamento.

La resolución hace referencia a que el 14 de marzo de 2022, la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera presentó la Denuncia Constitucional 240 contra la excongresista Luciana León Romero como presunta responsable de los delitos mencionados. La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar basada en información y documentación recibida sobre los posibles actos ilícitos cometidos por la denunciada durante su ejercicio como parlamentaria.

Según se menciona en la resolución, estos actos implicarían acciones de favorecimiento a la presunta organización criminal Los Intocables Ediles de La Victoria, liderada por Elías Cuba Bautista, exalcalde de La Victoria, a cambio de beneficios para la denunciada y la mencionada organización criminal.

En la sesión de la Comisión Permanente del 24 de marzo pasado, se aprobó por unanimidad el informe final que acusa a la denunciada de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación. Sin embargo, se rechazó la propuesta de acusarla por el delito de organización criminal.

Cabe señalar que por el delito de peculado con agravante de pertenecer a una organización criminal, Luciana León podría ir de 8 a 15 años de prisión, mientras que por el delito de asociación ilícita para delinquir se sancionaría con 4 a 8 años de cárcel efectiva. Finalmente, el delito de cohecho pasivo impropio podría requerir de 4 a 6 años de pena privativa de la libertad.

Durante su presencia en el Congreso, el pasado jueves, Luciana León calificó su participación en el Congreso como un honor, enfatizando su disposición para enfrentar la situación y contar su verdad. Además, afirmó que su cooperación en el allanamiento de su casa fue voluntaria, ya que no tenía nada que ocultar, entregando su teléfono celular y su contraseña.

Ella afirmó que su caso fue motivado por venganza y como una forma de distraer la atención de las denuncias contra el expresidente Martín Vizcarra. También resaltó que las acusaciones en su contra carecen de pruebas, ya que no existen grabaciones con su voz ni evidencia de supuestos “tamalitos”.

Además, manifestó que ha dejado su carrera política, no pertenece a ningún partido político y no tiene intención de hacerlo.

A tu turno, su abogado, Humberto Abanto Verastegui, argumentó que su cliente está siendo acusada de dos delitos por un solo acto, lo cual no es legalmente válido.

También señaló que las acusaciones se basan en informes periodísticos y supuestas declaraciones de colaboradores eficaces, a los cuales se les otorga una credibilidad completa sin tener en cuenta la versión de la parte acusada.

Luciana León Romero, licenciada en Derecho por la Universidad de Lima, es una excongresista que ejerció su carrera política como legisladora del Partido Aprista Peruano en tres periodos consecutivos: 2006-2010, 2010-2016 y 2016-2020.

A León Romero se le atribuye la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación, perjudicando así al Estado. La denuncia constitucional fue presentada originalmente por la Fiscalía de la Nación bajo el liderazgo de Zoraida Ávalos.

Según la teoría fiscal, León habría estado involucrada en actividades irregulares relacionadas con la ejecución de obras públicas en la municipalidad de La Victoria durante el período comprendido entre marzo de 2017 y mayo de 2018.

Se acusa a la excongresista de haber recibido dinero y favorecer a empresas o consorcios vinculados a Alexander Peña, quien es señalado por la Fiscalía como el líder de la organización conocida como los Intocables Ediles.

Además, se le imputa haber realizado contrataciones de personal inexistente para su despacho en el Congreso, es decir, empleados ficticios. Según el informe final, los salarios que estos supuestos trabajadores no recibían eran finalmente destinados a la excongresista denunciada.

Adicionalmente, en los medios de comunicación se han divulgado conversaciones entre León y su esposo, en las que aparentemente se mencionan pagos y beneficios irregulares.