El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ratificó este jueves el llamado a Perú para que despenalice el aborto por violación, una de las disposiciones contempladas en el fallo del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que condenó al Estado peruano por violar los derechos de una niña indígena impedida de acceder a una interrupción legal del embarazo.
A través de un pronunciamiento, la agencia de la ONU consideró que se trata de un “dictamen histórico para la región” y “un llamado para fortalecer la aplicación del enfoque de derechos de los niños, niñas y adolescentes en las y los operadores de sus diversos servicios”.
Unicef precisó que Perú tiene 180 días para “informar tanto de las acciones de reparación que ha puesto en marcha como de las medidas preventivas” para garantizar que no ocurran más vulneraciones de este tipo. El organismo lamentó que, en cinco años ―de 2017 al 2022―, los Centros de Emergencia Mujer del país hayan registrado 72 996 casos de violencia sexual contra menores de edad.
Según datos oficiales, en 19% de estos casos el agresor fue el padre, como ocurrió con Camila, una menor que en 2017, cuando supo que había quedado embarazada de su agresor, solicitó la terminación voluntaria del embarazo al fiscal que investigaba los abusos, pero ninguna entidad o autoridad respondió a sus peticiones.
En cambio, los sanitarios insistieron en que accediera a las citas prenatales y, cuando dejó de asistir, la acosaron en su casa, lo que agravó el estigma que sufría dentro de su familia, su comunidad y su colegio.
Una madrugada de diciembre de 2017, Camila fue internada de urgencia debido a fuertes dolores abdominales. La mantuvieron en espera durante casi cinco horas, hasta que registró un aborto espontáneo y fue sometida a un legrado uterino.
Cuando la representante del Ministerio Público conoció el diagnóstico, la menor fue denunciada por aborto autoinfligido, que podía implicar una pena de hasta dos años de prisión, la mayor pena en la legislación para casos de interrupción del embarazo. Se le consideró “adolescente infractora” y fue obligada a asistir a “la escena del crimen” junto con su violador, sentenciado a cadena perpetua en 2019.
“Estoy consternada por el modo en que las autoridades han tratado a una niña de 13 años víctima de violación e incesto. Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acosada por las autoridades. De hecho, pasó de víctima a delincuente”, declaró Ann Skelton, presidenta del Comité de los Derechos del Niño.
Perú es el único país de la región que ha sido sancionado tres veces en cortes internacionales por negar el aborto terapéutico a menores, un procedimiento legal en Perú, desde 1924, solo para casos en que la salud o la vida de la madre esté en riesgo y el embarazo no supere las 22 semanas.
En diciembre de 2021, la legisladora Ruth Luque presentó un proyecto de ley para despenalizar el aborto por esta causal, una iniciativa que entonces recibió el respaldo de 22 parlamentarios.
En concreto, el proyecto propuso modificar el artículo 119 del Código Penal para que el aborto por violación sea considerado una interrupción no punible del embarazo, igual que el aborto terapéutico.
La última propuesta legislativa de este tipo se presentó en 2016 y buscaba despenalizar el aborto no solamente en casos de embarazo a consecuencia de abuso sexual, sino también de inseminación artificial o transferencia óvulos no consentidos. Sin embargo, la propuesta resultó archivada y ni siquiera llegó a ser debatida en ningún pleno.
Para Promsex, la organización que respaldó legalmente a Camila, el dictamen de la ONU supone que “el Estado devuelva a las mujeres uno de sus derechos fundamentales básicos: su derecho a decidir, conforme a su personal proyecto de vida, ser madres o no en las circunstancias anotadas”.
“Esa capacidad de decidir no existe en la medida en que, aun con penalidades simbólicas, el aborto en estos casos es una conducta proscrita que convierte a las mujeres en delincuentes”, señaló.
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