El abogado Aníbal Quiroga dimitió este viernes a la Comisión Consultiva Constitucional, un equipo de juristas que, desde hace una semana, brinda asesoría a la presidenta Dina Boluarte en “la toma de decisiones estatales acorde con los parámetros” de la carta magna.
En un oficio dirigido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el constitucionalista agradeció a la mandataria, al premier Alberto Otárola y al ministro de Justicia, Daniel Maurate, interpelado en la víspera en el Congreso.
“Si en el futuro considerase que mi participación, desde la actividad privada y siempre ad honorem, puede ser de alguna utilidad, manteniendo mi independencia de criterio, libertad de pensamiento y de conciencia desde mi especialidad jurídico constitucional, no dude en requerirlo”, continúa su misiva. Quiroga no respondió a Infobae Perú.
Con su salida, la comisión del Ejecutivo —creada mediante resolución suprema— quedará integrada por Ernesto Álvarez Miranda, Jorge Blume Fortini, Alberto Borea Odría, Jorge Luis Cáceres Arce, Víctor García Toma, Carlos Hakansson Nieto, José Luis Sardón de Taboada, Oscar Urbiola Hani y Elizabeth Zea Marquina.
Estos expertos, cinco de los cuales son exmagistrados del Tribunal Constitucional, permanecerán un año en el quipo, aunque en este plazo se podrán agregar más miembros.
La inclusión de Quiroga en el equipo desató controversia por su respaldo legal a Patricia Benavides, la fiscal que sigue la investigación por presunto genocidio contra Boluarte a raíz de las muertes en protestas.
El constitucionalista también registra 12 llamadas telefónicas y 62 mensajes de texto con Orlando Velásquez, expresidente del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y uno de los implicados en ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, una mafia formada por jueces y fiscales que traficaban sus sentencias por favores políticos o dinero.
Los hilos telefónicos, publicados a inicios de mes por El Foco, obran en una de las carpetas fiscales sobre este escándalo que estalló durante el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra y que generó una serie de medidas para reformar la judicatura y desarticular a la red que tenía tomada las salas judiciales de Lima y Callao.
“Serían llamadas de hace seis años. No vi nada profesional con el Sr. Velásquez. Sí, lo he conocido, [pero] no le veo hace varios años. Deben haber sido consultas académicas o algo similar. Ninguna relación profesional o amical”, refirió el letrado al portal informativo.
Las comunicaciones, según el documento, ocurrieron entre enero y junio del 2017, pero el detalle sobre los 62 mensajes revela un asunto mayor: fueron remitidos entre el 24 de enero de ese año, entre 10:00 horas y 13:00 horas, justo cuando se realizaba la evaluación para elegir la nómina de postulantes aptos para postular a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, Quiroga remarcó: “No tuve nada que ver en eso ni fui consultado sobre ello”.
El despacho de Benavides, titular del Ministerio Público, informó a El Foco que “no tiene conocimiento” del registro. La propia magistrada mantuvo, entre mayo y junio de 2018, siete llamadas con el empresario Antonio Camayo, también incluido en la red delincuencial. Sin embargo, la postura de Benavides ha sido hermética, pese a la evidencia de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Diviac).
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