Fiscalía solicitó al Poder Judicial ordenar la entrega de información de las muertes en el aeropuerto de Ayacucho

Este jueves 15 de junio se conoció sobre la solicitud del Ministerio Público hacia el Poder Judicial para que ordene la entrega de los datos relacionados con los incidentes de la convulsión social que tuvieron lugar los días 15 y 16 de diciembre del pasado 2022, en el aeropuerto de Ayacucho. Estos eventos resultaron en la trágica pérdida de la vida de 10 personas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

El Equipo Especial de Fiscales encargado de los casos relacionados con las víctimas de las protestas sociales ha realizado esta solicitud, en respuesta a la negativa de la Comandancia General de la Segunda Brigada de Infantería Wari - Sede Ayacucho de proporcionar la información solicitada, argumentando su carácter “reservado”.

En su solicitud, el equipo de fiscales ha requerido al Poder Judicial que ordene la entrega a la Fiscalía de copias certificadas o autenticadas del informe relacionado con el uso de armas de fuego presentado al concluir la ejecución de la orden de acciones militares en situaciones de violencia social como respaldo a la Policía Nacional.

“Mediante escrito con ingreso N° 15338-2023, presentado por Fiscal Provincial Penal Del Equipo De Fiscales Para Casos Con Victimas Durante Las Protestas Sociales, solicita que este Despacho ordene la entrega a la fiscalía copia certificada o autenticada del informe sobre el uso de armas de fuego, presentados al término de la ejecución de la Orden de acciones militares en otras situaciones de violencia – OSV en Apoyo a la PNP Nº 10-2 Brig. Inf.”, se lee en la resolución emitida el pasado 24 de mayo del presente año.

La Fiscalía respalda su solicitud en el artículo 165 del Código Procesal Penal (CPP), el cual establece que cuando la información ha sido clasificada como secreta o reservada, el juez, ya sea de oficio o a solicitud de una de las partes involucradas, requerirá por escrito dicha información si la considera indispensable.

Asimismo, agrega que el artículo 224 del CPP establece que cuando se trata de un secreto de Estado, el fiscal tiene permitido dirigirse al juez de la investigación preparatoria para solicitar que proceda en lo pertinente.

Cabe mencionar que, este pedido fiscal fue remitido al despacho del Juez Leodan Cristóbal Ayala quien programó para el jueves 22 de junio a las 15:00 horas la audiencia virtual para evaluar este requerimiento con la participación de las partes involucradas fin de emitir un decisión a respecto.

Luego del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo que acabó con la sucesión inmediata de Dina Boluarte, el país entró en una especia de convulsión social. Compatriotas del sur se enlistaron en una ola de protestas violentas que dejó como saldo más de 60 muertes en todo el país, entre ellos agentes de la Policía Nacional y menores de edad.

Ante la amenaza y registro de violencia por parte de los civiles que, entre sus líneas había la presencia de vándalos, las Fuerzas Armadas y la PNP resguardaron el Aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, de Ayacucho, mismo que decidió suspender de forma temporal sus servicios a fin de salvaguardar la vida de sus usuarios y su infraestructura.

Sin embargo, lo inevitable estaba por suceder. Los enfrentamientos entre protestantes y agentes policiales comenzaron a desatarse. Se habló de una presunta represión policial que hasta el día de hoy es materia de investigación. Cabe mencionar que, algunos de los certificados de defunción de las víctimas del primer paro contra Boluarte confirmaron que las muertes se dieron a causa de impactos de proyectiles de arma de fuego.

La ola de violencia se extendió a varias regiones, incluyendo Lima. La mayoría de los atentados perpetrados por los manifestantes fueron contra las instituciones del Estado como sedes del Poder Judicial, aeropuertos, sedes del Ministerio Público, comisarías, entre otros.