La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso este jueves no abrir investigación preliminar contra 40 congresistas conocidos como ‘Los Niños’ que eran señalados de recibir presuntos pagos ilícitos para oponerse en 2021 a la interpelación de Juan Silva, prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Pedro Castillo.
En el documento, la titular del Ministerio Público expone que no hay “sospecha inicial simple” para iniciar proceso contra el bloque de legisladores de Perú Libre, Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Acción Popular, Podemos Perú, Somos Perú y Juntos por el Perú.
Se trata de María Acuña, María Agüero, José Balcázar, Guido Bellido, Guillermo Bermejo, Digna Calle, Waldemar Cerrón, Isabel Cortez, Flavio Cruz, Víctor Cutipa, Freddy Díaz, Alex Flores, Idelso García, Luis Kamiche, Nieves Limachi, Jorge Marticorena, Heidy Juárez, Elizabeth Medina y Segundo Montalvo.
El grupo también incluye a Margot Palacios, Alex Paredes, Alfredo Pariona, Luis Picón, Kelly Portalatino, Wilson Quispe, Jaime Quito, Abel Reyes, Edgard Reymundo, Janet Rivas, Silvana Robles, Roberto Sánchez, Alejandro Soto, Rosio Torres, Cheryl Trigozo, Héctor Valer, Elías Varas, Lucinda Vásquez, Magaly Ruíz, Karol Paredes y Hitler Saavedra.
La denuncia, elevada por la ciudadana Liz Liberian Valencia —y basada en las declaraciones del colaborador eficaz Zamir Villaverde difundidas en Panorama—, señala que los parlamentarios desaprobaron la interpelación luego de cobrar un supuesto soborno de 3,500 dólares.
Villaverde, excarcelado empresario vinculado a Castillo, admitió que destinó casi un millón de dólares “para que se cumpla con dicho objetivo”, según el informe periodístico citado en el expediente. Por este caso, 17 congresistas fueron denunciados inicialmente, mientras que los 40 estaban bajo la lupa de la Fiscalía por presunto cohecho pasivo propio.
En abril pasado, Benavides había solicitado al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder que detalle la información expuesta por los colaboradores eficaces. Sin embargo, el grupo que lidera la fiscal suprema Marita Barreto, informó vía oficio que no cuenta con declaraciones que impliquen a congresistas o que ratifiquen pagos ilícitos.
“En tal sentido, al no contar con elementos de convicción que tengan el grado de sospecha inicial simple, no corresponde iniciar acción penal por los hechos expuestos en la presente denuncia”, detalla el documento fiscal que envió al archivo la denuncia.
La decisión de la fiscal de la Nación fue adoptada a pocos días de la sustentación del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomienda denunciar y eventualmente inhabilitar por cinco años a su antecesora, Zoraida Ávalos.
“Sería la primera vez en la historia que destituyen a un magistrado o fiscal por su criterio jurídico”, ha remarcado la magistrada, quien considera que esta acusación representa un precedente negativo para el sistema de justicia.
Antecedentes de Zamir Villaverde
Considerado el operador de Pedro Castillo, recluido en Barbadillo por cargos de rebelión y corrupción, Villaverde cobró relevancia mediática con la difusión de contratos millonarios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), uno de los expedientes por los que el expresidente es sindicado como el líder de una presunta red criminal que operaba desde el Ejecutivo.
El empresario, detenido preliminarmente en marzo, confirmó el pago de “10 grandes” al exministro Silva como agradecimiento por las licitaciones ganadas de diversas empresas chinas, según una transcripción recogida por la Fiscalía a mediados del año pasado.
Villaverde quedó en libertad al devenir en colaborador eficaz del Ministerio Público, mientras que sobre Silva, no habido hasta el momento, recae un pedido de 36 meses de prisión preventiva. El Programa de Recompensas ofrece 50 mil soles por su paradero.
Jorge Castro, abogado del imputado, dijo a El Comercio que el exministro se pondrá a disposición de la justicia cuando se anule la orden de prisión en su contra y se le otorgue las garantías para hablar, como dictar solo comparecencia con restricciones.