Exfuncionario de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales reveló que recibió presiones para favorecer a Sada Goray

A pesar de que Sada Goray no se presentó ayer, la Comisión de Fiscalización y Contraloría tuvo un testigo clave que detalló cómo inició la trama de corrupción que se dio en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el gobierno de Pedro Castillo. Se trata del abogado William de la Vega.

De la Vega confirmó ante el grupo de trabajo liderado por el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) que recibió presiones cuando era parte de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para favorecer a la empresaria y Marka Group.

En concreto, el exdirector de Gestión del Patrimonio Estatal de la SBN, entre setiembre y diciembre del 2021, apuntó contra dos nombres: Cyntia Rudas Murga, exsuperintendente de la SBN, y Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del exministro Geiner Alvarado.

“Una presión directa de la superintendenta [de la SBN], que culminó con la presión directa del señor Salatiel Marrufo, que era el asesor, para que firme a favor de la empresa Marka Group y entregue la propiedad del Estado”, refirió.

“Me decía que mi fallo, la resolución que emitiese, tenía que ser beneficiaria a la empresa Marka Group [...] Por negarme a firmar en contra de los intereses del Estado, fui cesado”, agregó.

Además, De la Vega enfatizó que jamás se reunió con Marrufo, pero sí le comunicó en una llamado que no podía beneficiar a Sada Goray. “Le respondí a este señor que era imposible que yo firme esa resolución a favor de este empresa, porque no se ajustaba a ley”, agregó.

Finalmente, el exfuncionario detalló que ha recibido dos amenazas de muerte tras dar a conocer su testimonio ante la fiscalía y solicitó garantías para su vida porque teme que le hagan algo a su familia o a él.

Hay que recordar que el testimonio de William de la Vega se dio a conocer en octubre del año pasado.

En esa ocasión, el dominical Cuarto Poder informó que Sada Goray reclamó unas 60 hectáreas de terreno en Chilca que deseaba concretar su venta ante una inmobiliaria por un valor de 33 millones de dólares. Sin embargo, no podía hacerlo porque se dieron dos casaciones que resolvieron que el terreno reclamado por la empresaria pertenece al Estado y que ningún trámite administrativo puede estar por encima de una resolución judicial.

Debido a este panorama, la dueña de Marka Group buscó a Cyntia Rudas, exjefa de la Superintendencia de Bienes Materiales, para que le dijera a De la Vega que debía reconsiderar la solicitud planteada por la empresaria porque ella había aportado a la campaña electoral de Perú Libre y del expresidente Castillo en los comicios generales del 2021.

De La Vega se negó y, por tanto, fue sacado de la SBN. Ante la vacante en la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal de la institución, Sada Goray propuso a Marina Subiria Franco para que ocupe este cargo. A su vez, ella buscó los servicios de la abogada Flor Olivera Orellana.

La Fiscalía cree que ambas trabajaron unidas para ayudar a la dueña de la empresa Marka Group.

Según una investigación del diario La República, la dueña de la empresa Marka Group acreditó su patrimonio valorizado en 33,7 millones de dólares ante el Fondo Mivivienda en un simple papel, de puño y letra, que no tenía ningún sustento legal.

Sada Goray informó que tenía US$3,4 millones en inmuebles, US$70.000 en vehículos y US$30,2 millones en valores. Sin embargo, no presentó ninguna documentación que avalará sus propiedades y bienes de acuerdo a una auditoria que el programa adscrito al Ministerio de Vivienda realizó.

“Las Finanzas Solidarias inscritas por la señora Sada Goray Chong a favor del Fondo (FMV) (…) son respaldadas por una Declaración Confidencial Patrimonial (hoja simple), de fecha 01/09/2021, dirigida al Banco Continental y no al Fondo Mivivienda. Es importante mencionar que se ha verificado selectivamente que, a la fecha, algunos bienes consignados en dicha declaración ya no se encuentran a nombre de la señora Goray”, señala un documento que fue obtenido por La República.